El Gobierno anticipó $1.900 millones a las obras sociales para tratamientos costosos: cuáles serán las más beneficiadas

El sindicalismo logró un nuevo alivio para las obras sociales en medio de la pandemia. En dos resoluciones publicadas esta mañana en el Boletín Oficial, que llevan los números 465 y 466, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) instrumentó la ayuda anunciada la semana pasada que permitirá a las obras sociales compensar la caída en la recaudación de abril respecto de marzo, que será de unos 1.200 millones de pesos, y, además, el pago a cuenta de casi 1.900 millones de pesos como adelanto para los reintegros en concepto de prestaciones médicas de alto impacto económico.

De esos 1.900 millones de pesos que se anticiparán del Sistema Unico de Reintegros (SUR), según el listado adjunto de la resolución 466, algunas de las obras sociales que recibirán a cuenta los mayores adelantos de fondos son las siguientes: Comercio, con 284 millones de pesos; trabajadores rurales, 179 millones; UPCN, 95 millones; UOCRA, 94 millones; petroleros, 65 millones; Camioneros, 61 millones; gastronómicos, 55 millones, y metalúrgicos, 40 millones.

Esos fondos corresponden a solicitudes presentadas por las obras sociales en concepto de reintegros de alto impacto económico que están pendientes de cancelación en la Superintendencia de Servicios de Salud al 3 de mayo de 2020 y “aquellas que se presenten en el futuro”, y se otorgarán a cuenta, según la resolución 466, “en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para cumplir con la tarea asignada y la imposibilidad de cumplir con el análisis y evaluación de expedientes físicos desde sus hogares, sumado ello a la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector”.

Las obras sociales, que atienden a unas 14 millones de personas en todo el país, atraviesan un período crítico porque la falta de actividad económica les ocasiona una abrupta baja en la recaudación de los aportes para financiar el sistema y el Gobierno apuró el auxilio porque el esquema de salud que manejan los sindicatos será decisivo para atender los casos de infectados por el COVID-19.

La ayuda adicional de 1.200 millones de pesos que compensará la caída en la recaudación de marzo (en rigor, desde el día 20, en que se dispuso la cuarentena obligatoria) saldrán del llamado Fondo de Emergencia y Asistencia, creado en 2016 mediante el decreto 908, que nunca fue utilizado.

Ese Fondo está destinado a financiar "la asistencia en casos de epidemias o emergencias, los programas de prevención aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, la adquisición de equipamiento tecnológico, la adquisición y/o remodelación de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales”.

De todas formas, los sindicalistas ahora esperan que el presidente Alberto Fernández dicte un DNU para establecer la ayuda adicional a las obras sociales para cubrir la pérdida en la recaudación de abril, mayo y junio, tal como les había prometido el ministro de Salud, Ginés González García.

La CGT había pedido 45.000 millones en tres cuotas (abril, mayo y junio) para cubrir la caída en los aportes para las obras sociales. La cifra, según los sindicalistas, estaba en sintonía con la recaudación del sistema de seguridad social: en el mes de febrero ingresaron aportes a las obras sociales por unos 34.000 millones de pesos. Y, de acuerdo con los dirigentes gremiales, la reducción que se produjo por la parálisis de la actividad debido al aislamiento osciló entre el 50% y el 70% de su nivel habitual.

La semana pasada, el Ministerio de Salud dictó la resolución 941 para concretar la ayuda adicional para las obras sociales, que la Superintendencia de Salud instrumentará ahora con la resolución 465, que dispone en su artículo 2 que el monto del apoyo financiero “será, para cada agente alcanzado por la merma en su recaudación, el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 23.660 (de obras sociales) y aportes del artículo 39 de la Ley Nº 24.977 (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes) durante el mes de abril de 2020, y la recaudación percibida durante el mes de marzo de 2020”.

Esto significa que el dinero se repartirá a cada obra social en función de la baja en la recaudación que figura oficialmente en los registros de la AFIP: “Si una obra social tiene certificada una caída del 70%, recibirá una compensación por ese porcentaje, y si alguna no tuvo ninguna alteración, no recibirá nada”, les había prometido a los sindicalistas el ministro de Salud cuando el 23 de abril, en una videollamada, habló de una ayuda adicional para las obras sociales mediante un DNU.

La ayuda adicional que dispuso el Gobierno servirá para pagar no sólo el sueldo a los empleados de las obras sociales, sino también todos los gastos que tengan vinculados con las clínicas, los sanatorios, los medicamentos y los gastos normales, incluso los salarios de los médicos y los enfermeros.

Por otra parte, el pago de los casi 1.900 millones, oficializado en la resolución 466 de la Superintendencia de Servicios de Salud, será a cuenta para que las obras sociales paguen los reintegros por prestaciones consideradas de alto impacto económico, como el tratamiento y los medicamentos de oncología, discapacidad, transplantes, HIV-SIDA y drogadependencia, entre otras.

El criterio de distribución de los fondos será transparente y automático en la medida en que figure en los registros de la AFIP, con lo cual se evitarán polémicas sobre manejos discrecionales para el reparto del dinero, como sucede desde hace dos meses con el reparto de las partidas del Fondo de Redistribución que el Estado les debe a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad. En marzo y abril se devolvieron 2.800 millones y 4.000 millones, respectivamente.

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