El fondo de inversión más poderoso que negocia con el Gobierno aguarda una nueva oferta antes de demandar a la Argentina por default

“Están durísimos”. La confesión fue vía chat y surgió espontánea de un importante miembro del gobierno que sigue las negociaciones entre Martín Guzmán y los bonistas que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos. Hacía referencia a BlackRock, el poderoso fondo que tiene línea directa con la Casa Blanca y resiste al ministro de Economía como único negociador de la reestructuración de la deuda externa. “No nos entendemos. Guzmán habla ingles de Columbia, y nosotros inglés de nuestros inversores y clientes", opinó un vocero de BlackRock que es bilingüe.

Ayer hubo una nueva ronda de conversaciones entre Guzmán y los distintos acreedores privados pero se avanzó poco y nada: Guzmán propone un Valor Presente Neto (NPV) de 45 dólares por cada 100 dólares invertidos, mientras que BlackRock exige un promedio de 53 dólares (NPV).

Hoy continuarán las negociaciones, pero las diferencias son amplias entre punta y punta. Además, existe un clima de desconfianza que tiene causas diferentes. El ministro de Economía asume que todos los fondos tienen código genético Buitre, un imputación directa que los acreedores privados rechazan por “sesgada e ideológica”.

Y a su turno, los bonistas de Wall Street nunca perdonarán a Guzmán que haya revelado su primera oferta al comienzo de las negociaciones. Ya desconfían del titular del Palacio de Hacienda, y por eso insisten con un call directo al Presidente. La respuesta de Alberto Fernández fue simple y contundente: “Martín soy yo, y el negocia por la Argentina”, dice cada vez que le proponen hablar con Larry Fink, CEO de BlackRock.

Sin embargo, y pese a la letanía del jefe de Estado, las líneas más poderosas del gobierno dialogan con BlackRock y buscan contener su voluntad de iniciar una demanda contra Argentina, si la oferta de Guzmán no satisface sus expectativas económicas y financieras. Cristina Fernández de Kirchner -a través de un exfuncionario- tomó contacto con Fink y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, juega su influencia en los mercados globales para acercar posiciones y evitar un conflicto jurídico en Manhattan.

Alberto Fernández sabe de estos contactos, y los deja avanzar. Asume que, en la etapa final de las conversaciones, ocupará como Presidente el centro del escenario. Ocurrió con Néstor Kirchner en 2005 y sucedió de nuevo con Cristina Fernández en 2010.

Será una tarea ardua y compleja, ya que los roces entre BlackRock y su ministro de Economía se replican en todo momento. Hace unos días, los bonistas más poderosos de New York leyeron un reportaje que Guzmán concedió a Bloomberg y volvieron a pintarse la cara contra el ministro de Economía.

Guzmán sostuvo ante esta agencia de noticias que había acordado con los fondos de inversión que no habría consecuencias económicas y jurídicas por el default, una afirmación que los acreedores privados rechazaron por “maliciosa e inexistente”.

Bloomberg publicó una entrevista al titular del Palacio de Hacienda -realizada por los periodistas Jorgelina do Rosario y Patrick Gillespie- adonde se refiere lo siguiente: "Bonistas claves se han comprometido a no demandar un inmediato pago de la deuda defolteada, permitiendo que las conversaciones continuaran en términos amistosos, agregó Guzmán”.

El default consumado ayer por incumplir un pago de 503 millones de dólares en intereses del bono Global permite a los tenedores de títulos soberanos ejecutar un aceleramiento y solicitar en los tribunales de Manhattan que la Argentina pague ya todos sus compromisos asumidos hacia adelante. Si eso ocurriera, las arcas del Tesoro y del Banco Central tomarían la forma del Titanic rumbo al fondo del mar.

El jueves a la tarde en la intimidad de su despacho, y un día más tarde ante los periodistas de Bloomberg, Guzmán aseguró que los principales acreedores privados habían “dado su palabra” respecto a evitar el aceleramiento y el cross default ante la decisión del gobierno de privilegiar las negociaciones de buena fe para arribar a un acuerdo de reestructuración que satisfaga los intereses de ambas partes.

“No arreglamos nada con Guzmán. Nos dijo que no pagarían los intereses del Global y entendimos sus argumentos. Pero jamás acordamos que no estudiaríamos las consecuencias jurídicas del default. No podemos evitar esas obligaciones jurídicas, y por lo tanto, no podemos comprometernos a algo que tenemos prohibido”, dijo a Infobae el vocero de uno de los tres grupos de bonistas que presentaron sus contraofertas en el Palacio de Hacienda.

-¿Qué argumentos entendieron cuando el ministro Guzmán explicó sus razones para consumar el default?-, preguntó este medio.

-Si estamos negociando de buena fe, no tiene sentido pagar una cifra menor que caería adentro de la reestructuración. Sonó lógico. Y se lo hicimos saber a Guzmán...

-Pero nunca acordaron frenar las eventuales consecuencias jurídicas y económicas del default...

-No. Lo que le dijo el ministro a Bloomberg es malicioso e inexistente. Jamás podríamos haber tomado ese compromiso.

-¿Y ahora qué van a hacer?

-Primero, estamos analizando la oferta que ayer nos hizo Guzmán. Y segundo, si no nos satisface, y no hay acuerdo, vamos a usar nuestro derecho de ir a los tribunales por default. Es decir: haríamos una demanda por incumplimiento de las obligaciones.

-¿Ustedes no pidieron un call con Alberto Fernández?

-Sí. Pero se demora. Si el nos atendiera, juro que llegamos a un acuerdo. Y evitamos cualquier presentación judicial. No estamos tan lejos.

Guzmán trabajará todo el fin de semana largo con su equipo técnico para presentar a los bonistas su nueva propuesta de reestructuración de la deuda externa privada. El ministro ya sabe de memoria las ofertas presentadas por los fondos y está modelizando una serie de variables que contemplan los intereses de la Argentina y las intenciones de los fondos de inversión.

Por ahora, las cifras son fáciles de exponer: Argentina propone 45 dólares por cada lámina de 100 y los acreedores privados exigen 53.

El Presidente no desea un default con todas sus consecuencias jurídicas, políticas y económicas, y apuesta a un trato sostenible con los bonistas. Aguarda su momento para entrar a la mesa de negociaciones. Pretende cerrar el deal antes que concluya junio.