La diputada oficialista Fernanda Vallejos propuso en las últimas horas que el Estado se quede con una “una participación en el capital” de las compañías a las cuales asiste en el marco de la crisis económica derivada por el coronavirus. Dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a rechazar esta iniciativa y señalaron que es “un mensaje que confunde” y “una locura populista”.
“Si se ayuda para sacar algo a cambio, no es una ayuda, sino una extorsión. El camino de salida es con esfuerzos del Estado, los trabajadores y los empresarios, juntos”, planteó el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO. Y agregó: “Cuando la sociedad en su conjunto entiende claramente que salimos de esta pandemia juntos y no enfrentados, hay mensajes que confunden y van en el sentido totalmente opuesto”.
En tanto, el diputado Luis Petri consideró que “no es posible que el Gobierno, aprovechando el estado de necesidad de las empresas, intente quedarse con su paquete accionario a cambio de ayuda". “Con esta medida de tomar por asalto empresas, el Gobierno comienza a señalizar la autopista que nos conduce a Venezuela", señaló, y agregó: “Es una locura populista; el Gobierno, que por razones sanitarias obliga a las empresas a cerrar sus puertas, ahora busca apropiárselas cuando les ofrece ayuda para mantenerlas a flote. Es psicótico”.
El diputado radical, en diálogo con Infobae, adelantó que avanzará con un proyecto para que se prohíba el condicionamiento de la ayuda estatal a la participación accionaria del Gobierno que se presentará en la tarde de hoy.
En tanto, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “el presidente (Alberto Fernández) manda a Vallejos a presentar un proyecto que convierte a la Argentina en la Venezuela de Chávez, hambre y pobreza extrema al grito de exprópiese; el dinero es de la gente, no son los dueños del país”.
Ante la consulta de Infobae, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que la propuesta de Vallejos “es una clara extorsión”, y que “flaco favor le hace al presidente (Alberto Fernández) y al ministro de Economía (Martín Guzmán) en momentos donde se renegocia la deuda”. “Sería bueno que la diputada Vallejos empiece por todos los bienes y dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico”, señaló.
José Cano, por su lado, sostuvo: “El deseo de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos es querer adueñarse de las empresas que el Estado ayuda en este momento de pandemia. Y eso que ya intentaron con Ciccone y les fue mal”.
La diputada kirchnerista, que también utilizó las redes sociales para presentar la propuesta, consideró que la situación extraordinaria causada por la pandemia “demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado” y que ante la emergencia sanitaria el Gobierno tiene dos opciones: aplicar una política de transferencia de ingresos de carácter universal o asignar los recursos únicamente a quienes cumplen con ciertos criterios. Como es sabido, el oficialismo optó por el segundo camino.
En esa línea, la diputada aseguró que el hecho de que varios grupos económicos que han solicitado ayuda estatal para pagar sueldos “han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales” o tienen “sede en guaridas fiscales” vuelve necesario que el Gobierno revise los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.
Según explicó, resulta “injusto” que empresas que cuentan con recursos propios y tienen “probada capacidad” para afrontar los salarios de sus empleados soliciten ayuda estatal. Para la diputada, esos recursos, que no “alcanzan para todos”, deberían ser destinados prioritariamente a las jubilaciones, a ampliar la cobertura o el monto del IFE o a la asistencia a las empresas en verdaderas dificultades.
Para ello, propuso un criterio básico de exclusión que sería negarle la ayuda a todas las empresas “que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”. Incluso, adelantó que presentará un proyecto de ley para complementar los criterios ya establecidos.
Finalmente, agregó que si el Estado decide subsidiar a los grandes grupos “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.
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