Por primera vez en su larga historia, el organismo nacional de inteligencia implementó un régimen de retiro voluntario a través de una resolución oficial y pública. Buscando “la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, dispuso un sistema que es habitual en otras oficinas y empresas del Estado para achicar personal, pero no en un organismo de este tipo, que hace del oscurantismo una práctica habitual.
Caamaño se encontró al llegar a la Agencia con 1.405 agentes en planta permanente, transitoria y contratados. Y señaló que la gestión anterior confirmó en planta permanente a 766 agentes, algo así como el 54% del total del personal.
“Al restablecerse la vigencia del organigrama aprobado por el decreto 1311/15 se dispuso una significativa reducción de la estructura del organismo, pasando de 211 direcciones, departamentos, jefaturas y unidades a 66 unidades organizativas establecidas en el referido decreto, lo que representó una disminución del 69%” de las necesidades de la nueva estructura orgánica.
Ese decreto, reglamentó la Ley Nacional de Inteligencia votada en febrero de 2015, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner luego de la crisis desatada en el aparato de inteligencia tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Entre otras cosas, disponía la exigencia de transparentar el presupuesto para la inteligencia, que fue derogado de hecho por el decreto 656/2016 de Mauricio Macri que, al no mencionar ese aspecto, “volvió a imponer el secretismo”, tal como lo explicó la interventora en diálogo con Infobae.
Este martes, Caamaño transparentó 211 millones del presupuesto secreto de la AFI, que llega a 1.210 millones. Lo hizo publicar en el ítem “presupuesto abierto” que figura en la página del Ministerio de Hacienda. Hoy, dio a conocer esta resolución, donde brinda los argumentos de la medida, informa acerca del sobredimensionamiento de la estructura y explica los beneficios que va a obtener el personal que se acoja al retiro voluntario.
En concreto, los agentes que posean una antigüedad que esté entre 20 y 29 años de prestación en la AFI, tendrán un reconocimiento de cinco años adicionales, algo similar se les ofrece al personal con antigüedad que esté entre 15 y 19 años y a quienes posean una antigüedad entre 10 y 14 años.
Quienes posean una antigüedad de entre 6 y 10 años, en cambio, tendrán una compensación indemnizatoria equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, lo que se traduce en un incremento aproximado de 20% sobre el monto total que el agente hubiera recibido.
Claro que quedan afuera del plan de retiro voluntario de la AFI los agentes que ingresaron en los últimos cuatros años y, muy especialmente, los que fueron confirmados como planta permanente después del proceso electoral en el que Juntos por el Cambio fue derrotado.
Tal como se recuerda en este mismo texto, el 9 de enero de 2020 “se dispuso la revisión de las contrataciones, designaciones como personal transitorio y confirmaciones en la planta permanente de la AFI efectuadas desde el 10 de diciembre de 2015” hasta la fecha del DNU que intervino la Agencia, “con el propósito de analizar su legalidad, el cumplimiento de los requisitos para el ingreso y su adecuación a la actual estructura orgánica y funcional del organismo”.
Dicen en el despacho de Caamaño: “Se los tomó examen y ahí están", aunque también se especifica en la resolución que da cuenta del régimen de retiro voluntarios que “se revocaron actos administrativos de ‘confirmación automática’ del personal en la planta permanente del organismo, los que se encontraban viciados de nulidad absoluta e insanable".
En la AFI no pueden precisar cuántos agentes se acogerán a los beneficios del retiro voluntario. Tienen 30 días para pensarlo e iniciar voluntariamente el trámite. Por las dudas, también se especifica que quienes estén a punto de obtener la jubilación, hayan iniciado el trámite jubilatorio, ya se hayan jubilado o presentado su renuncia, están excluidos.
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