A pesar de que el Gobierno ya promulgó la ley que modificó el régimen de jubilaciones especiales que alcanza a funcionarios del Poder Judicial, continúa aceptando las renuncias que habían presentado algunos integrantes del Ministerio Público antes de que el Congreso aprobara esos cambios.
En esta ocasión, se trata de un total de ocho fiscales que se desempeñaban ante distintos tribunales, la mayoría de ellos ubicados en el Área Motropolitana, y que habían solicitado dejar sus respectivos cargos a finales de febrero pasado.
De esta manera, el Poder Ejecutivo aprobó la salida de los doctores Guillermo Oscar Cicchetti, Marcela Sanchez y Ana Cristina María Yacobucci, miembros de diferentes Fiscalías que sirven ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Asimismo, dejó su cargo Eduardo Carlos Marina, que actuaba ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de este mismo distrito.
Por otra parte, renunciaron varios fiscales que se desempeñaban ante Juzgados Federales de Primera Instancia: entre ellos están Guillermo Héctor Ferrara y Carlos Alberto Stagnaro, que lo hacían en las jurisdicciones de La Plata y de Mercedes, respectivamente, ambos en la provincia de Buenos Aires.
Esta lista la completa Alejandro José Eustaquio Moldes, que servía al Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, en Neuquén, y Graciela Silvia López, que hacía lo propio en la ciudad de Córdoba.
Una semana atrás, cuando el Gobierno promulgó la ley que modificó el régimen especial de jubilaciones en el que se encuentran los funcionarios del Poder Judicial, también aceptó ese mismo día varias renuncias del Ministerio Público y de la Procuración General de la Nación.
En aquella ocasión se confirmó la salida de otros fiscales que se desempeñaban ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, así como también de tribunales federales de diferentes provincias.
La ley que generó tanta polémica en el ámbito judicial, subió del 11 al 18% los aportes que deben hacer jueces y fiscales durante sus respectivas actividades.
También estableció el haber inicial en el 82 por ciento del promedio de los 120 últimos salarios que percibieron “durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio”.
Además, estas modificaciones también establecieron un incremento gradual de la edad requerida para realizar el trámite jubilatorio, de modo de llegar en el 2025 a los 65 años para el caso de los hombres, mientras que para las mujeres el mínimo se quedará en 60.
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