El mismo día día en el que el Gobierno promulgó la ley que modificó el régimen especial de jubilaciones en el que se encuentran los jueces y fiscales, también aceptó varias renuncias de diferentes funcionarios del Ministerio Público y de la Procuración General de la Nación.
Se trata de profesionales que se desempeñaban ante distintos tribunales y que habían solicitado dejar sus respectivos cargos a finales de febrero, cuando todavía el Congreso no había aprobado la reforma en el sistema previsional que los acoge.
De esta manera, el Poder Ejecutivo confirmó las salidas de Jorge Héctor Emilio Fernández y de Dora Nanci Olivieri, quienes se desempeñaban ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
También las de Alberto Gabriel Lozada, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Eduardo Alberto Codesido, que ocupaba el mismo puesto, pero ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y la de Gustavo Vidal Lascano, que actuaba ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Córdoba.
Por otra parte, el Gobierno también aceptó la renuncia de Eduardo Daniel Miragaya, que se desempeñaba como fiscal general adjunto de la Procuración, que actualmente conduce de forma interina Eduardo Casal, pero que el oficialismo busca que sea manejado por el actual juez Daniel Rafecas.
De hecho, el pliego con la propuesta para que este magistrado ocupe ese cargo fue firmado por el presidente Alberto Fernández e ingresó al Senado el mismo día en el que se votó la reforma en el régimen de jubilaciones especiales, la cual fue aprobada por 41 votos positivos contra 21 negativos.
Esa ley fue promulgada este lunes y entrará en vigencia a partir del martes. Entre otras cosas, la norma subió del 11 al 18% los aportes que deben hacer jueces y fiscales durante sus respectivas actividades.
También estableció el haber inicial en el 82 por ciento del promedio de los 120 últimos salarios que percibieron “durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio”.
Además, estas modificaciones también establecieron un incremento gradual de la edad requerida para realizar el trámite jubilatorio, de modo de llegar en el 2025 a los 65 años para el caso de los hombres, mientras que para las mujeres el mínimo se quedará en 60.
Desde que el oficialismo anunció sus intensiones de tratar esta iniciativa en el Congreso, varios funcionarios del Poder Judicial comenzaron a presentar sus respectivas renuncias y se inició así un éxodo que fue cuestionado incluso por el Presidente.
“Nadie está obligado a jubilarse, eh. Pueden quedarse. Lo que les pedimos es que se adecuen a una nueva realidad. El que se jubila privilegia su bolsillo, y es legítimo. Pero que no me digan que estoy vaciando la Justicia: que se queden y que sigan haciendo lo que deben hacer como jueces”, manifestó el mandatario nacional en una entrevista que dio a canal 9 a principios de marzo.
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