Control de precios en el Conurbano bonaerense: el poder de los intendentes y el dilema de las clausuras por la crisis en torno al coronavirus

Los funcionarios que siguen a diario la evolución de los precios dicen que no es problema de las grandes cadenas de supermercados, que cumplen con el listado de productos de los 50 rubros establecidos por el Estado y que, en todo caso, las avivadas corren por fuera de esa nómina.

El problema, dicen, está en los pequeños comercios: los almacenes de barrio, las carnicerías y verdulerías, los autoservicios. Y las farmacias. Cuando esta semana un grupo de inspectores bonaerenses entró en una de ellas, en el corazón del conurbano, por la denuncia de un consumidor que avisó que vendían el alcohol a $500, los dueños del lugar juraron que no era así, y que de hecho no tenían stock. Cuando los sabuesos de ARBA bajaron al depósito se encontraron con dos mil unidades de ese producto, que confiscaron y derivaron al Ministerio de Salud.

Alberto Fernández y Axel Kicillof están especialmente preocupados por el salto en los precios de estos días en el Gran Buenos Aires, que atenta de forma directa en el bolsillo de la clase media bonaerense y en una porción de los sectores vulnerables e informales, cuyos ingresos familiares cayeron a cero por el freno en la actividad económica a raíz del aislamiento decretado por el Gobierno para tratar de frenar el avance del coronavirus en la Argentina.

Los sectores más desprotegidos tuvieron, desde que avanzó la pandemia, ayuda extra del Gobierno. El ministro Daniel Arroyo resaltó de hecho que la demanda alimentaria se había incrementado en estas semanas de 8 a 11 millones de personas, que se estaban destinado “entre 70 y 80 mil millones de pesos para sostener los ingresos familiares” y que habían tenido que apelar a licitaciones de urgencia similares a las aplicadas en la crisis de fines del 2001.

Antes del coronavirus, abundó el funcionario, el Estado compraba unos 8 millones de kilos de alimentos por mes. Ahora había que adquirir un adicional de 12 millones de kilos.

Ahora, la Casa Rosada estudia darles más poder a los intendentes en el control de los precios. Según fuentes oficiales, el Presidente habló con algunos de ellos sobre la posibilidad de otorgarles más facultades en la fiscalización de los comercios. Incluso las fuentes consultadas dieron cuenta de la posibilidad de apelar a un decreto que estaría en evaluación del Jefe de Estado. “Más simbólico que otra cosa”, explican.

Es que los intendentes ya tienen herramientas legales para ser autoridad de aplicación en la fiscalización y los procesos sancionatorios a través de las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, que luego instrumentan Nación y Provincia, a través de AFIP y ARBA. Aunque se rigen por la Ley de Abastecimiento, que data de los ’70 y por la que pueden clausurar preventivamente los comercios hasta un máximo de tres días.

Hay, sin embargo, un dilema que atraviesa a las autoridades municipales y provinciales por estos días. Porque si bien los precios se descontrolaron en estas semanas por la crisis en torno al avance del coronavirus, desde el Gobierno provincial desaconsejan las clausuras. Por los fines prácticos: “Clausurar un comercio cuando estás en cuarentena no es bueno, dificulta que haya menos circulación”, argumentan fuentes bonaerenses. Remarcan que, además, se agudiza la crisis laboral.

Para colmo, entre los intendentes hay confusión. Media docena de jefes comunales del corazón del conurbano consultados por este medio aseguraron tener distintas herramientas legales y prácticas para combatir los aumentos de precios. Pero con diferentes instrucciones, según los casos.

En ese sentido, hace una semana Kicillof creó por decreto el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales (SIMAP), que agiliza la fiscalización para los municipios. En la reglamentación trabaja a contrarreloj Augusto Costa, el ministro de Producción bonaerense, dedicado casi a tiempo completo al tema, entre otros menesteres.

El objetivo, remarcan, es apuntar a una fiscalización coordinada con Provincia. Para agilizar la burocracia e instrumentar indicaciones de los lugares en los que conviene inspeccionar mucho más.

Y avanzar, llegado el caso, en la confección de actas y hasta el decomiso de mercadería. La clausura, por la crisis, no es aconsejable. Al menos por un período más largo que un par de horas hasta que los comercios regularicen la situación si es que estaban en infracción. “Hay que aplicar controles severos, sí. Pero no queremos dejar gente sin trabajo”, razonan fuentes oficiales del entorno del gobernador bonaerense.

“El Presidente está re caliente con el tema precios. Hoy en nuestro distrito fue un desastre. Tuvimos denuncias por todos lados. Y tampoco sé cuántas facultades tenemos”, subrayó el jueves a Infobae un intendente que no es del PJ a la salida de la reunión del comité de emergencia creado ad hoc por el Ministerio de Desarrollo Social nacional, en la que se hizo hincapié, por un largo rato, en el rubro.

Es una preocupación que crece en paralelo a la crisis sanitaria, alimentaria y económica en torno al avance del coronavirus.

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