Si la situación social de la Argentina, en especial en el conurbano bonaerense, era especialmente crítica a principio de año, el avance del coronavirus no hizo más que acentuarla.

Los números hablan por sí solos. Hasta antes de que la pandemia trastocara por completo la vida de los argentinos, el Estado compraba unos 8 millones de kilos de alimentos por mes para hacerle frente a la demanda de los sectores más vulnerables.

En estos días, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que apelar a mecanismos de licitación de urgencia similares a los de la crisis de fines del 2001 para una compra directa y adicional de 12 millones de kilos de alimentos. Es que, por el coronavirus, la demanda de asistencia alimentaria pasó de 8 a 11 millones de personas.

Así lo confirmó el ministro Daniel Arroyo en su exposición virtual de esta tarde ante los diputados que integran la comisión de Acción Social y Saluda Pública de la Cámara baja.

“Pasamos de 8 millones a 11 millones en estos días de demanda de asistencia alimentaria. Hemos hecho un refuerzo adicional en estos días de $4.000 millones”, resaltó el ministro a través de la teleconferencia que abrió Sergio Massa y que fue coordinada por Pablo Yedlin. “La emergencia sanitaria claramente fijó otras prioridades”, subrayó el funcionario después de hacer un repaso de algunos minutos de los objetivos que se había fijado hasta que estalló la pandemia.

Según Arroyo, hay un desembolso de “entre $70.000 y $80.000 millones de apoyo para sostener el ingreso de las familias”. El ministro enumeró un bono adicional para los jubilados que cobran la mínima de $3.000; una duplicación del monto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); un plus de $3.000 para las personas que reciben los planes sociales; facilidades de la ANSES para ocho millones de tomadores de créditos de ese organismo, que no deberían pagar las cuotas de abril y de mayo, y el pago extra de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las categorías más bajas del monotributo y los trabajadores informales más vulnerables.

Daniel Arroyo, durante la teleconferencia con diputados
Daniel Arroyo, durante la teleconferencia con diputados

“Para el 40% de la Argentina informal su principal problema es sostener los ingresos, y claramente una de las tarea del Estado es sostener ingresos”, explicó el ministro.

En ese sentido, Arroyo dijo que el Gobierno implementó la creación de un fondo “rotatorio” para los principales conurbanos del país, destinado a la compra, por parte de provincias y municipios, de alimentos y artículos de higiene.

Y que instrumentó un cambio en la recarga de la tarjeta alimentaria que la Casa Rosada impulsó pocos días después de llegar al gobierno. Desde estos días se hace en forma semanal, todos los miércoles, para evitar mayor afluencia de personas en los negocios de cercanía. “Es el mismo monto, para darles certezas a las familias y para evitar el esquema de tanta aglomeración de personas que van a comprar”, abundó el funcionario.

El distanciamiento social, clave según los especialistas para ralentizar la cantidad de contagios, es en esa línea una de las principales preocupaciones del Gobierno en paralelo a la crisis económica que se agudiza por el coronavirus. “Necesitamos lograr el menor movimiento posible en los barrios, en el marco de que no es lo mismo la cuarentena en un departamento de dos o tres ambientes, o en una casa, que en un ámbito donde hay cinco personas en un cuarto”, remarcó Arroyo.

El domingo Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado el pasado jueves 19 de marzo para tratar de hacerle frente al COVID-19. Será, en principio, hasta Semana Santa. Al filo de esa fecha, el Presidente deberá resolver, tras consultar con el comité de expertos creado ad hoc por esta crisis, cómo y de qué manera sigue la vida de los argentinos.

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