Otra central obrera puso a disposición su estructura para afrontar la crisis del coronavirus

La CTA Autónoma, una de las tres centrales obreras del país y la que tiene el perfil más combativo, puso a disposición del Gobierno “la estructura de sus organizaciones” para afrontar la crisis por el avance del coronavirus y destacó que los trabajadores juegan “un papel estratégico para enfrentar la actual emergencia, desde quienes sostienen día a día el sistema de salud pública en todo el país hasta los responsables de tomar muestras y llevar adelante los análisis en los laboratorios estatales”.

“De esta crisis deberemos salir con más Estado, con más salud pública y con más organización colectiva y sentido de pertenencia a nuestra comunidad”, destacó la central que conduce Ricardo Peidró (del sindicato de agentes de propaganda médica) en un documento difundido esta tarde.

Así como esta expresión de la CTA ofreció su infraestructura, la CGT está avanzando con el Gobierno en acuerdos para que se utilicen los hoteles sindicales como lugar de alojamiento de quienes tienen que esperar el resultado del test del coronavirus o deben cumplir con la cuarentena obligatoria, además de la coordinación con el Gobierno para aprovechar el equipamiento de las obras sociales.

Mañana, a las 10, precisamente, mantendrá su primera reunión el comité de crisis que conforman el Ministerio de Salud, la CGT y las obras sociales para formalizar el aporte de los sindicatos a través de la confección de protocolos mediante los cuales se instrumentará esta ayuda.

El gobierno porteño ya firmó convenios con los gremios de Comercio (que ofreció dos hoteles en la Ciudad), la UOM y Gastronómicos de Capital, pero en las próximas horas se sumarán otros sindicatos que tienen hoteles para alojar a quienes tengan que quedar aislados por el coronavirus.

En su documento, la CTA Autónoma sostuvo que “el Gobierno nacional ha adoptado numerosas medidas tendientes a dar respuesta a la emergencia sanitaria” y destacó que “apoya y acompaña el esfuerzo de todos los sectores sociales a fin de minimizar los daños que esta situación provocará sobre el conjunto de la población".

“Como parte de este acompañamiento -agregó la central-, entendemos necesario seguir profundizando las medidas de protección de los trabajadores y trabajadoras, en particular de aquellos que cuentan con menores recursos y que se encuentran fuera de las redes de protección social”.

La CTA que lidera Peidró dijo que “entre las medidas que ya ha adoptado el Gobierno nacional se encuentran las sumas de emergencia otorgadas a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos, y a los titulares de la asignación universal por hijo", y agregó que "dentro de estas medidas se incluye el otorgamiento de licencias laborales a todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo, así como también la dispensa de concurrir a los lugares de trabajo a quienes tengan hijos escolarizados a cargo”.

A continuación, esta fracción de la CTA efectuó distintas “sugerencias” vinculadas con esas medidas, que, como aclaró Peidró a Infobae, “no son exigencias sino simplemente un aporte para profundizar las medidas de protección para los sectores más precarizados y de la economía informal, sobre quienes va a ser mayor el impacto de las consecuencias económicas de la epidemia”.

En primer lugar, esta central obrera propuso la “suspensión de los despidos por un plazo de 30 días, renovables a criterio de la autoridad de aplicación”, a raíz de que “el nivel de la actividad económica seguramente será afectado como consecuencia de la situación que estamos atravesando”. Recordó, en este sentido, que “la suspensión de los despidos por un corto plazo es una medida que ya existe en nuestra legislación local y se aplica en los casos en los que el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria”.

Además, recomendó una resolución aclaratoria de la licencia para los trabajadores con hijos escolarizados a cargo, que fue dispuesta por la resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, que la CTA Autónoma consideró necesaria porque “su redacción no ha sido del todo clara y muchas empresas interpretan que se trata de ausencias justificadas pero que no dan derecho al pago de salarios”. Añadió que “sería importante que se dicte en forma urgente una resolución explicitando que esta licencia es con goce de haberes y que no afecta el cobro de ningún tipo de adicional salarial, de la misma manera que se ha implementado para los trabajadores del sector público nacional”.

Otra medida que sugiere la dirigencia ceteísta es que la licencia para los trabajadores que convivan con personas encuadradas dentro de los grupos de riesgo se haga extensiva a quienes convivan con personas comprendidas en alguno de esos sectores. “La extensión de este tipo de licencias pagas ha sido recomendada recientemente por la OIT como parte de las respuestas apropiadas ante la crisis actual”, recordó la central que lidera Peidró.

También consideró que “el inexorable freno en la actividad económica vuelve aún más necesario la conformación de un piso de ingresos como red de contención para el conjunto de hogares a través de una batería de políticas de carácter universal”, para lo cual propuso, en primer lugar, “la efectiva universalización del sistema de asignaciones familiares a los valores vigentes para resolver las asimetrías del sistema nacional (actualmente existen 1,9 millones de niños y niñas en sistemas provinciales con montos generalmente inferiores y 2,3 millones están excluidos del sistema general)”.

“En segundo lugar -agregó la CTA Autónoma-, se propone la universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los jefes y jefas de hogar desocupados que supere el acotado alcance de los actuales planes de empleo y garantice a cerca de 2 millones de trabajadores sin empleo o con ocupaciones de subsistencia un valor equivalente a $ 34.500. Ello permitiría contar con fuerza de trabajo a nivel local para llevar adelante la mayor inversión pública anunciada en la emergencia”.

La última sugerencia incluida en este punto es “el establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del SSEyF ($ 28.300), mejorando la situación de ingresos de la mayor parte de jubilados y pensionados a través de un aumento del 78% del haber mínimo y de 122% de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”.

Por otra parte, la central opinó que “las medidas adoptadas por el Gobierno nacional podrían fortalecerse con otras como, por ejemplo, la exención temporal del pago del monotributo a los trabajadores que prestan servicios, junto con la extensión del bono extraordinario de $ 3.000 para las asignaciones familiares por hijo de monotributistas”.

Seguí leyendo: