La secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, defendió hoy el proyecto de ley para una reforma judicial que enviará el Gobierno en los próximos días al Congreso y aseguró que la iniciativa busca, entre otras cosas, "evitar que pocos jueces concentren decisiones sobre la suerte de los funcionarios públicos”.
“Si hay una decisión que tomó el Presidente de la Nación es hacerse cargo de ese desprestigio que tiene la Justicia federal y hacer una reforma para poder construir una Justicia equilibrada, firme y proba. Que empecemos a designar jueces honestos, que salgan de concursos y que sean controlados por un Consejo (de la Magistratura) que tiene que funcionar”, sostuvo.
Durante una entrevista en C5N, Ibarra cuestionó el “uso indiscriminado y arbitrario de la prisión preventiva" que para ella hubo en el último tiempo y resaltó que, además, esta herramienta fue utilizada "con una doctrina establecida a través de fallos francamente sorprendentes”.
“Yo lo escuché hoy al Presidente en su discurso (ante el Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias), y creo que hay algo central que sucedió: tomó dos temas muy importantes y que han sido históricamente un problema institucional muy serio para la Argentina, uno es la AFI y el otro es el desprestigio que tiene la Justicia Federal”, agregó.
Para Ibarra, es importante que los tribunales “no sean el manejo de la política y de las carpetas con trabajos de inteligencia“, por lo que consideró que “desarmar este vínculo obsceno entre los servicios de |inteligencia, el poder político y determinados sectores judiciales, es central para nuestra institucionalidad”.
“Creo que el objetivo de esta reforma es evitar que haya pocos jueces concentrando un nivel de decisión y de manipulación sobre la suerte de los argentinos y sobre los funcionarios públicos”, remarcó.
Por otra parte, aseguró que el proyecto para terminar con las jubilaciones de privilegio no fue presentado “para que renuncien unos u otros" magistrados, como finalmente sucedió, sino que lo que se intenta es "terminar con regímenes que son especiales y ponen condiciones para jubilarse absolutamente desproporcionadas”.
Aborto
En otro orden de cosas, la funcionaria nacional se refirió también al proyecto para la legalización del aborto, que Alberto Fernández anunció que estará listo en los próximos 10 días para su tratamiento en el Congreso, y sostuvo que esta “es una deuda que quedó pendiente”.
La secretaria de Legal y Técnica evitó dar detalles sobre la iniciativa, pero descartó la posibilidad de que la misma sea puesta a votación popular, como pidieron algunos miembros de la oposición: “De ninguna manera se puede plebiscitar derechos. En principio, las mujeres tienen que ejercer derechos y uno de ellos es a poder tomar decisiones que involucran la vida, la salud y los planes", señaló al respecto.
En este sentido, opinó que “sería un error si ponemos este debate en términos de grieta” y reconoció que puede haber “muchas personas en el país que, razonablemente, no están dispuestas a hacerse un aborto y no les parece bien” y eso "hay que respetarlo”.
“Pero la ley no se le aplica de manera compulsiva a nadie. No es un proyecto que viene a abrirle las puertas al aborto, lo dijo hoy el Presidente claramente, lo que pasa es que los abortos suceden", explicó.
Por último, Ibarra prefirió no adelantar si el proyecto que enviará el Gobierno va a contemplar o no la objeción de conciencia por parte de los médicos que no quieran realizar este procedimiento por cuestiones ideológicas, pero subrayó que “las instituciones están para cumplir las normas de salud pública”.
“Una vez que se establece que hay una política de Estado de salud pública, es necesario garantizar que la prestación se realice en términos y tiempos oportunos, efectivos y garantizando que se pueda ejercer la práctica sin violentar a la mujer", precisó.
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