Los judiciales defendieron su régimen de jubilaciones: “No tenemos la culpa de que la mínima sea de $13.000”

Cerca de 2.000 empleados y funcionarios judiciales se movilizaron hoy al Palacio de Tribunales contra el proyecto del gobierno nacional que busca modificar el régimen de jubilaciones del Poder Judicial y que hoy se tratará en la Cámara de Diputados: “Las jubilaciones no son de privilegio, son derechos”, dijo Julio Piumato, secretario general del gremio.

Desde un escenario ubicado en Lavalle y Uruguay, una de las esquinas del Palacio, Piumato dijo que la iniciativa afecta especialmente a los empleados judiciales, criticó que no fueron escuchados en el Congreso Nacional y señaló que el Gobierno quiere enfrentarlos al resto de la sociedad. “Ningún derecho puede ser quitado. La culpa de que el mínimo de una jubilación sea de 13 mil pesos no es de los judiciales. El 82% móvil debe ser para todos los jubilados”, sostuvo el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

El gremio convocó a un cese de actividades en toda la Justicia desde las 10 de la mañana y a concentrarse en el Palacio de Tribunales para un acto. A esa hora, se comenzó a armar el escenario y ya estaban listos los bombos, las trompetas y las banderas. La entrada principal del edificio estaba cerrada y la calle Talcahuano toda vallada, como cada vez que hay una movilización.

Desde el gremio le dijeron a Infobae que la cantidad de gente que concurrió pocas veces se vio en otros actos. "Vino gente como nunca antes porque esto es algo que afecta a todos”, dijo uno de los organizadores, en referencia a que no solo estaban los militantes del gremio.

Además de los edificios judiciales más cercanos fue gente de los tribunales de Comodoro Py y de Inmigrantes, los más alejados en la ciudad del Palacio. El gremio puso micros para ir a buscar a la gente. También concurrieron empleados de Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe, Catamarca, Mar del Plata, La Plata, entre otos lugares.

Hubo empleados desde los cargos más bajos y funcionarios con el rango de secretario, la instancia inferior al juez, hasta personal de maestranza. No hubo jueces. “No podemos convocar nosotros porque no podemos hacer paros”, le explicó a Infobae uno de ellos.

En algunos tribunales la adhesión fue muy alta. “En la Justicia laboral fue altísima. Hay varios juzgados solo con el juez y el secretario y un empleado atendiendo a la gente”, contó una fuente de ese fuero. “PARO JUDICIAL. EN DEFENSA DE LA MOVILIDAD JUBILATORIA CON AUTONOMÍA NORMATIVA”, decía un cartel colgado en la cerrada mesa de entradas –donde se atiende al público– de un Tribunal Oral de Comodoro Py.

En la Justicia penal no se sintió tanto. “Tenemos audiencias, gente detenida. Por ese motivo en nuestros juzgados no se adhiere a las movilizaciones. Pero desde ya que compartimos el reclamo”, coincidieron dos jueces de esos tribunales.

Mientras Piumato hablaba, a una cuadra, en la Plaza Lavalle, una radio abierta reclamaba por la libertad de los presos políticos y criticaba a la Justicia por su actuación en esas causas judiciales. “Con presos políticos no hay democracia”, decían dos banderas colgadas sobre las vallas que protegían la entrada del Palacio de Tribunales.

Los judiciales criticaron la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández. El proyecto, que también es objetado por jueces y fiscales, busca reformar el régimen jubilatorio del Poder Judicial en tres aspectos centrales: llevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años para los hombres, subir del 12 por ciento actual al 18 el aporte; y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años, con una fórmula que no se especifica en el proyecto.

Los judiciales hoy se jubilaban con el 82 por ciento móvil de su último salario. Las jubilaciones de jueces y fiscales pueden ser de entre 300 mil y 400 mil pesos.

El reclamo central del gremio es que el proyecto quita del régimen especial de jubilación a dos categorías de empleados, los prosecretarios y los jefes de despacho. Son 8.500 personas. “Si sacan a esas personas del régimen, van a dejar de aportar y el sistema va a ser más deficitario de lo que es actualmente”, dijo Carolina Lospennato, secretaria de Asuntos Legislativos del gremio y hermana de Silvia Lospennato, diputada de Juntos por el Cambio, que se opone al proyecto.

“Esas categorías son donde hay más mujeres. Nos quieren excluir a las mujeres y después dicen que nos defienden”, agregó Lospennato, quien abrió el acto.

Luego fue el turno de Piumato. Sostuvo que en el país hay muchos regímenes especiales de jubilaciones y que el del Poder Judicial no es de privilegio. Dijo que el sistema actual es deficitario y que el gremio presentó un proyecto para que sea sustentable con más aportes jubilatorios pero que no fueron escuchados.

“Dicen que hay jubilados que ganan 800 mil pesos pero no dicen quiénes son. Lo dicen para ponernos en contra a la sociedad. La Corte Suprema fue excluida de la reforma y van a seguir cobrando eso”, en referencia a que las jubilaciones de 800 mil pesos son de ex jueces del máximo tribunal.

Piumato cerró el acto con un anuncio que fue aplaudido: dijo que ya pidieron un aumento del 10% del sueldo para el primer tramo del año. Infobae le preguntó si van a ir a la Justicia si el proyecto es aprobado con los cambios que reclaman. “Obviamente vamos a pedir la inconstitucionalidad porque claramente es inconstitucional”, respondió.

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