Boudou solicitó a la Corte una definición sobre su pedido para anular la condena que lo mantiene detenido

Amado Boudou, el ex vicepresidente preso por el caso Ciccone, reclamó a la Corte Suprema que acelere una decisión sobre un pedido de revisión de condena luego de que se conociera un documento que señala que el arrepentido Alejandro Vandenbroele cobró dinero para instalar una posada en Mendoza después del veredicto. Busca que se anule el juicio en donde lo sentenció a cinco años y ocho meses de cárcel y se haga un nuevo debate.

Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, defensores de Boudou, hicieron una presentación en donde reclaman a los ministros de la Corte Suprema un “pronto despacho” sobre el recurso extraordinario que llegó a esa instancia, en base a “nuevos hechos”. “Más allá de reclamar el expediente ofrecido, si así se considera necesario, se haga pronto lugar a la queja de esta defensa, en orden al tiempo transcurrido, y en consonancia con el amicus curiae del Profesor Emérito Julio B. J. Maier se declare procedente el recurso extraordinario oportunamente articulado, y se revoque lo decidido, para que se ordene un nuevo juicio, ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida, y que nuestro asistido deberá afrontar ya en libertad”, se sostuvo.

La defensa insistió sobre los “cuestionamientos al debido proceso” y puntualizó que “en el marco del juicio en el que nuestro asistido resultó en primera instancia condenado, esta defensa reclamó con insistencia la incorporación de todas las actuaciones que obrasen ‘en el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y en su caso en otras agencias del Poder Ejecutivo que pudieran haber intervenido’ vinculadas a la situación de uno de los imputados, ‘arrepentido’”.

Sin embargo, destacó la defensa, eso no se hizo y tampoco pidió sus actuaciones la Cámara Federal de Casación a la hora de revisar las apelaciones. “Días atrás –agregó la defensa en su presentación ante la Corte–, se hizo pública una parte de aquellas actuaciones administrativas reclamadas y negadas a esta defensa, en las que se documentó el pago millonario que una agencia de gobierno hizo a aquel ‘arrepentido’, en relación con la condena en éste”. Se trata del pago a Alejandro Vandenbroele, quien –sin embargo– negó en una entrevista con Infobae que el desembolso hubiera estado relacionado a su confesión en el expediente.

A criterio de la defensa, “la revelación de ese pago secreto por parte del Gobierno y mantenido oculto a las partes del proceso recuerda las incidencias del caso AMIA”, en alusión al cobro de USD 4 millones que recibió el reducidor de autos Carlos Telleldín por dar una declaración, a dos años del atentado a la mutual judía, que apuntaba a policías bonaerenses que se habían llevado la camioneta Trafic.

Los defensores plantearon así que ”cada vez queda más expuesto que resultaba necesario que el juicio contase con los antecedentes reclamados con insistencia por esta defensa –y negados arbitrariamente una y otra vez– para analizar ‘la concatenación causal de los actos’ y ‘para que tenga un mayor conocimiento de lo sucedido y que estén más cerca de la verdad de lo que pudo haber pasado’, frente a la afectación al derecho de defensa y la necesidad de ‘garantizarlo del modo más extenso posible, sin causar desmedro al desarrollo del debate’”.

“Frente a ello, solicitamos entonces se tengan presente los nuevos hechos. Y más allá de reclamar el expediente ofrecido, si así se considera necesario, se haga pronto lugar a la queja de esta defensa, en orden al tiempo transcurrido, y en consonancia con el amicus curiae del Profesor Emérito Julio B. J. Maier se declare procedente el recurso extraordinario oportunamente articulado, y se revoque lo decidido, para que se ordene un nuevo juicio, ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida, y que nuestro asistido deberá afrontar ya en libertad”, se afirmó.