El Gobierno nacional derogó un decreto que había firmado la administración de Cambiemos y que flexibilizaba los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ) a las empresas offshore. La nueva medida fue oficializada a partir de la Resolución General 2/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La normativa anterior eliminó exigencias para las sociedades extranjeras como la individualización de los socios, la fiscalización o el requisito de “que el asiento principal de los negocios o el centro de la dirección se encuentren fuera del país”.
Esas modificaciones a la ley original habían sido cuestionadas por la Coalición Cívica, aliada del por entonces oficialismo, y por Mariano Federici, que en ese momento era el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).
A partir de esta derogación, el Poder Ejecutivo informó que volverá a aplicarse la normativa vigente hasta 2015, la cual establecía que “los representantes de sociedades constituidas en el extranjero inscriptas en el Registro Público” deberán “constituir y mantener vigente” una determinada garantía “hasta la cancelación de su inscripción como representantes con más un plazo adicional computado desde dicha cancelación”.
Por otra parte, aquellos que “soliciten inscripción", así como también los reemplazantes de los titulares cesantes tendrán que "acreditar la constitución de la garantía, con la documentación pertinente adjuntada a la respectiva solicitud de inscripción de la sociedad o del nuevo representante según el caso”, agregó la Resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Este requisito es necesario "con la primera presentación” que tengan que hacer ante las autoridades de la IGJ y el “monto de la garantía por cada representante será equivalente al quíntuplo del capital mínimo establecido para las sociedades anónimas locales” que esté vigente al momento de hacer este trámite.
Entre los considerandos, el Gobierno señaló que la administración de Cambiemos había establecido como objetivo “trabajar en la simplificación y facilitación de trámites y procesos, buscando dinamizar el funcionamiento, financiamiento y productividad de sociedades comerciales”, pero consideró que las modificaciones con respecto a las empresas offshore “carecen de cualquier explicación” y no tienen argumentos “para fundamentar los cambios y amputaciones producidos”.
Para la actual administración de Alberto Fernández, “la supresión de las exigencias de demostrar que la sociedad del exterior no tiene en su lugar de constitución, registro o incorporación, vedado o restringido el desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales de ellas, y de que su actividad empresarial económicamente significativa y el centro de dirección de la misma se encuentran fuera de la República Argentina” es algo que “torna inoperante el régimen de extranjería y afecta inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina".
Además, el Ejecutivo resaltó que “la improbable individualización de los socios de la sociedad extranjera al tiempo de la registración inicial y la supresión de exigencia posterior al respecto”, comporta “un privilegio y desigualdad inadmisible con respecto a los argentinos y extranjeros, que siempre deben individualizarse al constituir una sociedad en la República y son por lo general individualizables durante la etapa funcional de la misma”.
Esta restitución de los controles por parte de la IGJ ya había sido pedida por la diputada Elisa Carrio en febrero del año pasado. En el último tramo de la gestión de Cambiemos y en el marco de su pelea interna con el ministro de Justicia, Germán Garavano, la referente de la Coalición Cívica sostuvo que “no es una adecuada política regulatoria permitir la actuación de sociedades offshore o disminuir los controles administrativos sobre ellas”.
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