Jueces y fiscales aseguraron que el proyecto para reformar las jubilaciones de privilegio viola fallos de la Corte Suprema

En un comunicado conjunto, la Asociación de Magistrados y la de Fiscales criticaron el proyecto del gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces.

“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostiene el comunicado al que accedió Infobae.

En el texto, las entidades señalan que no desconocen “la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país” pero resaltaron sobre el proyecto “los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”.

Esta es la primera declaración pública que se hace desde el Poder Judicial sobre la iniciaitiva. El proyecto fue enviado el viernes a la noche por el gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación.

El proyecto también busca reformar el régimen de jubilaciones del Servicio Exterior. En la actualidad, estos regímenes especiales alcanzan a más de 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de $14.067.

Para el caso de l Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.

Además de los jueces, el proyecto alcanza a los fiscales y los defensores oficiales.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), los dos entidades gremiales de los jueces y fiscales, emitieron hoy un comunicado conjunto.

“Quienes integramos el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos Nacionales no desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas”, dice el texto que lleva la fiorma del juez civil Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN, y del fiscal federal Carlos Rívolo, al frente de la AFFUN.

Y luego hacen referencia a los fallos de la Corte Suprema. “Que desde Fallos: 176:73, este Tribunal viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia. Ha dicho también que toda solución que permita a los jueces demandar la tutela prevista por aquel precepto y desconozca igual facultad en cabeza de los jubilados, con- vierte en letra muerta las previsiones contenidas en los arts. 4º, 7° y 14 de la ley 18.464 (en igual sentido los arts. 10, 15 y 27 de la ley 24.018), al desconocer que el quebrantamiento de la norma superior -establecida por razones que hacen al orden público y a la independencia del Poder Judicial- se proyecta sobre aquellos que, por haberse jubilado con derecho a un porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, encuentran sus haberes sensiblemente disminuidos frente a los que deberían percibir para evitar discriminaciones ilegitimas (Fallos: 315:2379)” (Cf G. 99, XXXII, Gaibisso, César y otros e/Estado Nacional -Ministerio de Justicias/amparo ley 16.986″, rta. 10/04/01)", citaron.

“Sentados estos principios, debemos señalar que la función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes. Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como el de nuestros magistrados y funcionarios”, agregaron las entidades. La referencia es a que los integrantes del Poder Judicial no pueden desempeñar otras funciones -excepto la docencia- y que aportan un porcenjate mayor de su salario.

“Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad, reclamamos la participación de las Instituciones representativas en la discusión del Proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados”, concluyeron.

Esta es la primera vez que entidades que nuclean a jueces y fiscales se pronuncian sobre el proyecto de reforma. Lo habían hecho magistrados. Uno fue Ricardo Recondo, recientemente electo vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. "Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, dijo el fin de semana.