Lugones, nuevo presidente del Consejo de la Magistratura: “No veo la figura de presos políticos”

Siguiendo la misma línea de pensamiento de Alberto Fernández, el juez Alberto Lugones, flamante presidente del Consejo de la Magistratura, aseguró que en la Argentina no hay presos políticos, cuestionó el uso arbitrario de la prisiones preventivas y ordenó revisar aquellas sentencias basadas en testigos que podrían haber recibido beneficios para testificar.

“No veo la figura de presos políticos, pero sí hubo abuso de prisiones preventivas”, señaló Lugones de manera generalizada para luego hacer hincapié en el caso Ciccone.

Es que el juez federal Ariel Lijo ordenó investigar si el gobierno de Mauricio Macri le pagó con un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, el “arrepentido” que terminó mandando a prisión al ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la imprenta Ciccone para fabricar billetes.

Para Lugones, su petición de revisar la sentencia de Boudou “es algo que no debería provocar ruido”. Y así lo explicó: “Si el testigo de cargo arregló su precio con alguien para declarar en contra de alguien esa sentencia debería ser investigada para ver si puede ser mantenida en el tiempo o justifica algún tipo de nulidad o revisión”.

Hoy, el foco de la investigación judicial está puesto en determinar si el Programa de Protección de Testigos financió a Vanderbroele para la adquisición de la “Posada La Masía”, en Chacras de Coria, Mendoza, tras la condena a Boudou.

El Presidente del Consejo de la Magistratura remarcó que si esa es la única prueba de pesa en la causa, el Tribunal deberá dar explicaciones al respecto. Y por el contrario, “si no es esa la única prueba de cargo, deberá aclarar que esa sentencia tenía entidad por otras pruebas” y dar a conocer cuáles eran.

Al ser entrevistado en Radio 10, Lugones admitió que se enteró de lo de Vanderbroele a través de los medios, que “hicieron una buena investigación”.

Según la revelación periodística, el 24 de agosto de 2018 se solicitó al Programa de Protección a Testigos una suma fijada en $1.500.000 para Vandenbroele en un escrito en donde se destacaba que el 7 de agosto pasado Boudou había sido condenado a cinco años de cárcel, “con cumplimiento efectivo”. En el expediente aparece una rendición de adelantos, gastos y facturas para refaccionar y acondicionar el emprendimiento.

En base a esa información, el juez Lijo, a cargo de la causa en donde Vandenbroele se convirtió en arrepentido, dispuso extraer testimonios para que se investigue si existió delito.

“Vamos a ver qué pasa. Como hombre de derecho quiero que se investigue. Y si esto no fue así no nos asustemos que las sentencias puedan ser revisadas”, señaló el juez.

Y puso a modo de ejemplo la teoría de “los frutos del árbol envenenado”, que es una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita: “En el derecho tenemos esta figura que nos hace caer las sentencias por el origen espurio en que se obtiene una prueba. Hay que investigar por qué se llega a esa circunstancia y determinar, si se excluye esa prueba, que pueda haber otras pruebas de cargo que lo tengan responsable al delito que se investiga”.

Basado en la premisa de que “todo ciudadano es inocente hasta que exista una sentencia firme en su contra”, Lugones se preguntó “¿por qué molesta tanto que querramos que el Poder Judicial corrija las cosas que estuvieron mal?”. Y concluyó: “Queremos una justicia en la que podamos empezar a creer un poco más”.

Lugones asumió en su cargo el jueves 13, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, y lo acompaña como vice el magistrado Ricardo Recondo, más próximo a Cambiemos.

En su discurso de asunción cuestionó “los abusos en los traslados de jueces" durante el anterior gobierno, y adelantó que propondrá un nuevo reglamento en ese sentido.

También afirmó que alentará que las denuncias contra magistrados por el contenido de las sentencias o “de neto contenido político”, sean "concluidas en el menor tiempo posible” para “garantizarles la independencia de criterio necesaria para el ejercicio de su tarea”.

Además, ratificó su posición de que el Consejo “se abstendrá de inmiscuirse en facultades investigativas propias del Poder Judicial”.

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