La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación y expuso su rechazo absoluto ante la creación, por parte de un sector del kirchnerismo, de un tribunal ético ante la tesis propia que sugiere que muchos de los juicios que se llevan adelante en Argentina y en la región contra dirigentes políticos son un invento de la Justicia.
“El trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas”, indicó el comunicado que difundió la asociación haciendo referencia al “juzgamiento del lawfare, con sede en Madrid pero con implicancias locales, y que incluye el cuestionamiento, ya anticipado de la labor de periodistas".
“Este autoproclamado tribunal del lawfare parte de la hipótesis de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad. Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina “distorsiones a la verdad”. Y llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización”, continuó el comunicado.
Y concluyó: “Luego de haber repudiado la trasnochada idea de establecer una Conadep del periodismo, como también en su momento acciones similares como el ´juicio popular’ contra periodistas en Plaza de Mayo encabezado por Hebe de Bonafini, vemos reflotar esa intención con el proyecto de este insólito 'tribunal ético”. En el terreno de la prensa, persigue el mismo objetivo: deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional”.
El constitucionalista Eduardo Barcesat y el ex juez Baltasar Garzón integran este tribunal ético que tendrá como principal objetivo investigar los procesos judiciales que involucran a dirigentes como Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Rafael Correa, entre otros.
“Es una iniciativa conjunta del Instituto lawfare de San Pablo, que tiene a los abogados defensores de Lula y el Common Action Forum de los países de África”, explicó Barcesat en El Destape Radio.
Según agregó el abogado constitucionalista, la idea es formular un tribunal ético que difunda cuáles son los mecanismos y los intereses de esta “práctica perversa que genera la muerte civil de quienes son víctimas de estos procesos”.
“Muchos creen que los procesos que inhabilitaron a Lula a ser candidato presidencial o que usaron acá para perseguir a Cristina o para proscribir a Correa son procesos normales y nosotros queremos demostrar que son irregulares. Es una persecución judicial en la que nadie está muy seguro de cuáles son sus derechos”, afirmó.
Para Barcesat el lawfare es una forma de destrucción. “Buscan generar penas anticipadas cuando no se conoce muy bien por qué uno está preso. Violan la presunción de inocencia, tiene agravante psicológico y le priva de la vida normal, provoca embargos millonarios que destruyen a las víctimas”, denunció.
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