Sectores cercanos al kirchnerismo crearon un tribunal ético ante la tesis propia que sugiere que muchos de los juicios que se llevan adelante en Argentina y en la región contra dirigentes políticos son un invento de la justicia para perseguir a los actores principales de los “gobiernos populares”.
El constitucionalista Eduardo Barcesat y el ex juez Baltasar Garzón integran este tribunal ético que tendrá como principal objetivo investigar los procesos judiciales que involucran a dirigentes como Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Rafael Correa, entre otros.
“Es una iniciativa conjunta del Instituto lawfare de San Pablo, que tiene a los abogados defensores de Lula y el Common Action Forum de los países de África”, explicó Barcesat en El Destape Radio.
Según agregó el abogado constitucionalista, la idea es formular un tribunal ético que difunda cuáles son los mecanismos y los intereses de esta “práctica perversa que genera la muerte civil de quienes son víctimas de estos procesos”.
“Muchos creen que los procesos que inhabilitaron a Lula a ser candidato presidencial o que usaron acá para perseguir a Cristina o para proscribir a Correa son procesos normales y nosotros queremos demostrar que son irregulares. Es una persecución judicial en la que nadie está muy seguro de cuáles son sus derechos”, afirmó.
Para Barcesat el lawfare es una forma de destrucción. “Buscan generar penas anticipadas cuando no se conoce muy bien por qué uno está preso. Violan la presunción de inocencia, tiene agravante psicológico y le priva de la vida normal, provoca embargos millonarios que destruyen a las víctimas”, denunció.
Además de Barcesat y Garzón, integrarán este tribunal ético: Renata Avila, William Bourdon, Herta DÄubler-Gmlin, Gabriel Chamorro, Valeska Teixeira y Ayo Obe.
Cristina Kirchner utilizó el término inglés lawfare durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.
La expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
Lawfare significaría entonces la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra. “Pero es difícil pretender un enjuiciamiento del lawfare ante los mismos jueces que son sus ejecutores. Tampoco existen instancias jurisdiccionales, regionales o internacionales. De ahí la necesidad de un tribunal ético”, explicó Barcesat, impulsor del tribunal.
“Nosotros no le podemos imponer nada a nadie, pero podemos convencer, es es el objetivo principal y la función central del tribunal ético. Lo más importante es destrabar las relaciones que hay entre los poderes económicos, la justicia y los medios hegemónicos. Creo que lo fundamental es exhibir esto ante los ojos de todos”, dijo el constitucionalista para justificar la conformación de este tipo de tribunal.
Los casos a los que apuntará inicialmente el tribunal ético son la Causa Cuadernos; el Memorándum con Irán; la investigación del Caso Nisman, la situación de Rafael Correa en Ecuador; de Lula Da Silva en Brasil y la crisis en Bolivia. En este sentido, el tribunal entrevistará en carácter de “víctimas” a Dilma Rousseff y a De Vido, entre otros.
La resolución final de este tribunal se conocerá en noviembre de 2020, en el marco del encuentro anual OCTAGÓN de Common Action Forum en Madrid, y según explicó el propio Barcesat, “la idea es recoger testimonios, documentación, analizar causas y emitir una sentencia ética”.
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