Una mujer fue detenida en La Paz, Bolivia cuando intentaba trasladar USD 100.0000 en un vuelo que partía del aeropuerto de El Alto con destino a Buenos Aires. El Gobierno de ese país la acusó de que no declaró ese dinero ante la Aduana boliviana, lo que le valió ser imputada por la administración de Jeanine Áñez de supuestamente “financiar el terrorismo” y al ex presidente Evo Morales.
Tras la detención, el ministro de Gobierno Arturo Murillo encabezó una conferencia de prensa para presentar la detención de María P. y aseguró que la mujer “estaba trabajando con Juan Ramón Quintana”, el ex ministro de la Presidencia de Morales asilado en la residencia de México en La Paz a quien el Ejecutivo acusa por delitos como terrorismo.
“Su declaración jurada dice que no declaró los 100 mil dólares americanos que llevaba consigo y claro era para el evento del 22 de enero, en un estadio de la capital Argentina, seguramente se iba a hablar de su informe sobre el terrorismo que generó en días pasados”, dijo Murillo, que agregó que el Gobierno de Bolivia presume que el dinero “es para financiar el terrorismo, para financiar a Evo Morales”.
Según Murillo, la mujer trabajaba en la filial de la venezolana PDVSA en Bolivia, entidad que depende del Gobierno de Venezuela y que, a su juicio, “ha estado financiando el narcoterrorismo” en Bolivia y en otros países de la región.
Por su parte, entre lágrimas, María P. rechazó las acusaciones: “Es falso, yo no lo conozco a Ramón Quintana, tuve la mala suerte de trabajar en el pasado Gobierno”.
Tras una primera intervención de Murillo, María P. tuvo un diálogo con los periodistas a quienes aseguró que el dinero que trasladaba era para “pagar sueldos, viáticos y hotel de las personas que están trabajando” en la empresa venezolana.
La mujer reconoció que fue funcionaria del anterior Gobierno, aunque aseguró que se desvinculó de la función pública porque supuestamente le exigieron afiliarse al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.
María P. admitió que cometió el “error” de no declarar la cantidad de dinero que llevaba por evitarse problemas con la Aduana boliviana.
El ministro Murillo aseguró que el dinero decomisado pasará a las arcas del Estado ya que la mujer “falseó su informe” durante el tránsito migratorio que pretendía realizar. También manifestó que la mujer “cometió un delito” y que se hará seguimiento a los fiscales y jueces que conozcan su caso para que cumplan los procedimientos y las normas.
La Fiscalía boliviana libró órdenes de aprehensión contra Evo Morales, que tramita su refugio en Argentina, y varios ex altos mandos suyos a quienes también se acusa del supuesto delito de sedición.
Los ex ministros Quintana, Javier Zavaleta y Wilma Alanoca, entre otros ex funcionarios, están desde noviembre en la residencia de la embajada de México ante la negativa de las autoridades bolivianas de otorgarles el salvoconducto para su salida del país.
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