
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó el sobreseimiento de Carlos Bettini, el ex embajador kirchnerista en Madrid que estaba acusado de enriquecimiento ilícito. La decisión del magistrado se tomó durante la última semana de gobierno de Mauricio Macri, luego de realizar varias medidas de prueba que había ordenado la Cámara Federal porteña.
El caso se había iniciado en 2017 en el juzgado federal de Neuquén, en el que un anónimo señalaba que el ex embajador había recibido dinero mediante una transferencia de parte del empresario de aquella provincia Mario Cifuentes. En el anónimo se hablaba de tráfico de influencias de Bettini para que Cifuentes lograra negocios con el Estado.
Esa denuncia se sumó, en principio, en Neuquén a una causa en la que se investigaba a Cifuentes. Pero el fiscal del caso señaló que no correspondía sumarla y la mandó a sorteo. Luego, la fiscal María Cristina Beute abrió una investigación por varios hechos atribuidos a Bettini en aquella carta sin remitente.
Entre los hechos a investigar se hallaban la compra de un departamento en la Avenida Callao, un auto marca SAAB, un campo de 100 hectáreas cerca de La Plata, un coto en Aranjuez, España, y un departamento en Madrid. Y también de la adquisición (mientras fue embajador) de propiedades que fueron inscriptas a nombre de personas cercanas a Bettini.
En esa lista, la fiscal anotó un departamento en la Avenida Alvear, uno en la calle Cabello, otro en la Avenida del Libertador, un Audi y una chacra en General Rodríguez. A eso se le sumaron otros tres departamentos en la Capital Federal y otro en Madrid. El anónimo decía que con las compras se había blanqueado dinero mal habido por Bettini. También le achacaban a Bettini el haber conseguido que pusieran al frente de cuatro registros de la Propiedad Automotor a conocidos suyos. Y también le adjudicaban haber recibido pagos ilegales por parte de varias empresas argentinas por la que habría realizado tareas de lobby.
Luego de varias medidas de prueba, el juzgado de Neuquén envió el expediente a la Ciudad de Buenos Aires y la causa quedó radicada en el juzgado federal 12 que actualmente subroga Canicoba Corral.
El juez titular era Sergio Torres, quien ahora integra la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Torres había desestimado la denuncia por inexistencia de delito. Esto fue apelado por el fiscal Gerardo Pollicita. La Sala I de la Cámara Federal ordenó la reapertura del caso y la realización de diversas medidas de prueba.
Canicoba Corral determinó, luego de la realización de las pruebas ordenadas por la Cámara, que varios de los bienes estaban declarados por Bettini o sus allegados desde antes que fuera designado embajador en España por Néstor Kirchner.
El magistrado federal analizó el informe que sobre Bettini realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que se estableció que coincidían los bienes con los ingresos declarados por el ex embajador. La Unidad de Información Financiera (UIF) no reportó operaciones sospechosas ni de de Bettini ni de sus familiares directos.
En la resolución a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, Canicoba Corral señaló que “...cabe poner de relieve que, luego de analizar toda la información aportada por la AFIP, no se detectan irregularidades o inconsistencias entre los bienes declarados por Bettini y los ingresos que percibía como embajador”.
Y agregó que “las variaciones patrimoniales del funcionario durante el ejercicio de su función pública aparecen acordes a sus ingresos legales, según información aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es que hasta un lego en ciencias contables puede advertir que no hubo enriquecimiento ilícito en el caso de autos, porque a poco que se aprecie el detalle de los ingresos totales del causante (...) es razonable concluir que permitieran adquirir los bienes de los que se ha hecho Bettini, mientras ejercía el cargo de embajador”.
Respecto de la acusación acerca de que Bettini había favorecido a ciertas empresas el juez dijo que “... no hay ninguna indicación de cuáles fueron las negociaciones, ventas y gestiones relativas a sus funciones que Bettini habría realizado para beneficiar a las personas y empresas listadas en la denuncia. Tampoco se indica cuál era la influencia que el ex funcionario tenía ante otros funcionarios públicos, quiénes eran esos funcionarios, ni en qué consistió el beneficio obtenido. Amén de que, nuevamente, se carece de toda indicación temporal o del lugar en que se habrían desarrollado las supuestas conductas delictivas”.
Fue con esos argumentos que el juez cerró la causa y Bettini fue sobreseído.
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