La Cámara Federal de Casación Penal manifestó hoy su “preocupación” ante la Corte Suprema de Justicia por decreto en el que el presidente Mauricio Macri dispuso la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos y prometieron reunirse el próximo lunes en plenario para deliberar “las atribuciones constitucionales y legales” conferidas a ese cuerpo. En algunos despachos de tribunales, la respuesta fue leída como un “piquete” al decreto del Gobierno.
Ocho de los 13 jueces del máximo tribunal firmaron hoy un oficio que dirigieron a la Corte Suprema de Justicia para expresar su preocupación por “la compatibilidad” de la aplicación del DNU “en relación a las atribuciones constitucionales y legales” de la Cámara de Casación Penal. El escrito lleva la firma de los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Javier Carbajo, Daniel Petrone y Diego Barroetabeña.
Hubo un noveno juez, Juan Carlos Gemignani, que firmó la resolución en disidencia. “Estando ausentes cuatro miembros integrantes de la Cámara, corresponde reclamar la concurrencia del pleno para cualquier consideración que afecte a la representación del Cuerpo; sin perjuicio de que la Cámara Federal de Casación Penal no fue invitada a integrar el Consejo Consultivo que prevé el decreto”, señaló.
No participaron de este acuerdo extraordinario ni el presidente de la Cámara, Carlos Mahiques, ni los magistrados Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi.
Inicialmente, el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, creado por ley en 2003, alcanzaba sólo a las investigaciones por narcotráfico, pero se extendió a casos de secuestro extorsivo, terrorismo y trata de personas. Y durante la gestión de Mauricio Macri el caso tuvo repercusión por la incorporación de protagonistas en causas de corrupción que declararon contra ex funcionarios o personas ligadas al kirchnerismo. En esa lista se anotaron Alejandro Vandenbroele y su ex esposa Laura Muñoz, el chofer Oscar Centeno, el ex secretario de Obra Pública José López, Víctor Manzanares y Leonardo Fariña.
Precisamente, con el cambio de gobierno, desde el Ejecutivo nacional habían manifestado temor sobre la protección de estas personas. Entonces se avanzó con la idea de que esa oficina ya no dependiera más del Ministerio de Justicia, sino que pasara a depender de otra órbita.
Primero trascendió que dependería de Casación. Pero hubo resistencia interna y la idea fracasó. Finalmente, hoy se oficializó la creación de la Agencia Nacional que actuará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, aunque el DNU establece que se trata de "un ente autárquico dotado de autonomía funcional" que, a la vez, contará con un Consejo Consultivo del que participarán representantes de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Procuración General de la Nación y del Ministerio de Seguridad.
En ese contexto, nueve jueces de Casación se reunieron hoy y resolvieron: “Disponer oficio en virtud de las atribuciones del Poder Judicial de las que está investida a la Corte Suprema de Justicia de Nación a fin de poner en su conocimiento la preocupación de este Cuerpo por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales de esta Cámara. Ello sin perjuicio de continuar la deliberación en un acuerdo general que se convoca para el próximo lunes 2 de diciembre a las 11.30”.
Como tenía previsto llevar a cabo antes del traspaso de mando, el Gobierno creó este viernes la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. La misma será dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará a cargo de garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”. La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación del Decreto 795/2019 en el Boletín Oficial.
El documento fue firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Hernán Lacunza (Hacienda); el secretario Luis Miguel Etchevehere (Agricultura, Ganadería y Pesca), y el canciller, Jorge Faurie.
Entre otras cuestiones, esta Agencia deberá ordenar y hacer cumplir ciertas “medidas especiales de protección”, las cuales podrán incluir desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para los sujetos que ayuden en determinadas investigaciones.
El organismo viene a reemplazar al actual Programa Nacional que ya se encarga de administrar este tipo de casos y que, hasta tanto se elijan las nuevas autoridades, continuará al mando de los trámites pendientes. Como adelantó Infobae días atrás, los cambios surgen sin un acuerdo entre la actual administración de Cambiemos y el gobierno entrante de Alberto Fernández.
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