
El Congreso de Filipinas aprobó este miércoles seguir adelante con un proceso de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte, lo que podría frustrar su carrera hacia el máximo cargo del país.
La hija del expresidente Rodrigo Duterte, encausado por la Corte Penal Internacional, anunció recientemente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028.
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Ya había sido objeto de un proceso de destitución en la Cámara de Representantes el año pasado, pero la Corte Suprema lo desestimó por cuestiones de procedimiento.
Este miércoles, un comité del Congreso filipino aprobó por amplia mayoría remitir una acusación contra Sara Duterte a la Cámara de Representantes.
Se acusa a Sara Duterte de malversación y corrupción durante su gestión, así como de haber proferido una amenaza de muerte contra su antiguo aliado y actual presidente Ferdinand Marcos.
Según la Constitución filipina, si la Cámara de Representantes aprueba las acusaciones, esto activaría un juicio en el Senado.
Un veredicto de culpabilidad inhabilitaría a Duterte para ejercer cargos públicos y la apartaría de la contienda presidencial de 2028.
Su padre Rodrigo Duterte, presidente entre 2016 y 2022, enfrenta acusaciones de parte de la CPI por crímenes contra la humanidad durante la “guerra contra la droga” emprendida en su mandato que dejó miles de muertos.
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El alto tribunal en La Haya celebró audiencias la semana pasada para determinar si se abre un proceso contra él.
La brecha de 54-1
Aunque todavía se avecina una audiencia de causa probable, Michael Tiu, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Filipinas, dijo a AFP que creía que nada descarrilaría el camino hacia una votación en la Cámara.
“Con la diferencia de 54-1 en la votación del comité, creo que es imposible que estas quejas de impeachment sean desechadas, dado que hay una gran diferencia y muchos vieron que las quejas tenían mérito”, dijo.
Los analistas han advertido que el anuncio presidencial de Duterte pesará mucho sobre los legisladores, obligados a evaluar las repercusiones de un voto contra alguien que aún puede ocupar el cargo más alto del país.
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La supuesta amenaza de muerte contra Marcos surge de una conferencia de prensa nocturna en la que Duterte afirmó haber contratado a un asesino para matar al presidente y a miembros de su familia si él la mataba primero.
Aunque la vicepresidente dijo más tarde que los comentarios fueron malinterpretados, el legislador Gerville Luistro dijo el miércoles que las supuestas amenazas podrían desestabilizar las instituciones.
“Tienen peso. Crean miedo”, dijo.
Duterte y Marcos han estado involucrados en una pelea política de alto riesgo que estalló pocas semanas después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2022, cuando a la vicepresidenta se le negaron sus carteras de gabinete favoritas y en su lugar se la nombró secretaria de Educación.
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El mes pasado, el comité de justicia desestimó un par de denuncias de impeachment contra Marcos, dictaminando que las acusaciones de corrupción por un escándalo que involucraba proyectos falsos de control de inundaciones carecían de fundamento.
(con información de AFP)
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