El comisario nombrado por el Vaticano para el Instituto Próvolo, el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, pidió perdón en nombre de la Santa Sede por los abusos de los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho a menores de edad y consideró este miércoles en un comunicado que “la Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión”.
"Toda vez que la justicia argentina libró exhortos o pedidos a las instancias que corresponden en la Iglesia, ésta respondió según derecho, en tiempo y forma. Nunca ocultó información ni quitó colaboración”, afirmó.
Bochatey planteó en el comunicado que “nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado" y que "nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.
“El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar, una vez más, nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”, aseguró el religioso.
Con relación al fallo que condenó a Corradi y Corbacho a penas de 42 y 45 años de prisión, el comisario apostólico indicó: “Respetamos la decisión judicial de Mendoza y esperamos que traiga paz a las víctimas que han sufrido tanto, y también algo de alivio en medio de tanto dolor y de tantas heridas”.
Sobre el proceso en cuestión, el prelado explicó que “la Santa Sede, conocidas las denuncias, nombró en mayo de 2017 a dos expertos para comenzar la investigación eclesiástica. La tarea de la investigación es tratar de discernir si las denuncias son verosímiles o no, y tener cierta certeza moral de que los hechos pudieran haber sucedido. En ese momento no había ninguna denuncia en ninguno de los diferentes ámbitos de la Iglesia, lo que hacía muy difícil poder iniciar las investigaciones”.
“No obstante las dificultades, se hizo el trabajo y en pocos meses se envió el informe a la Santa Sede, indicando que los hechos eran verosímiles y podían haber sucedido. La Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe. De hecho, ellos estaban suspendidos en la práctica de su ministerio sacerdotal y en la cárcel, donde permanecen desde hace ya tres años”, señaló.
Bochatey agregó que “lo sucedido ha hecho también un daño inmenso a la Iglesia de Mendoza, de la Argentina y del mundo”.
El comunicado concluyó recordando que como expresa el papa Francisco “es imprescindible que, como Iglesia, podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Pedimos perdón por los pecados propios y ajenos. La conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más con el presente en un camino de renovada conversión”.
Al conocerse la sentencia, el querellante Sergio Salinas había dicho que “aún aguardan respuestas por parte de la Iglesia que optó por la negativa de informar la investigación interna que ellos llevaron adelante amparados en un concordado de 1968 que les permite negar el acceso a la información a las víctimas, a pesar de haber sido declarado inconstitucional”.
El arzobispado de Mendoza emitió el mismo día un comunicado en el que se solidarizó con las víctimas de los culpables del caso del Instituto Antonio Próvolo.
En un breve comunicado expresaron solidaridad y cercanía con las víctimas y sus familias, y reafirmaron su compromiso “con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”, expresaron.
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