“Me siento reivindicado”: habló el capitán de la Armada echado por Cristina Kirchner que será indemnizado por la Justicia

“Vale la pena luchar para que las cosas vuelvan a su lugar”, dijo a Infobae, del otro lado del teléfono, la ingeniera Mónica Liberatori. El 22 de diciembre de 2007 su grito había interrumpido la solemnidad del acto en el Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación. Mientras la flamante presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner decía, en su discurso, que los militares habían tomado las armas contra el pueblo, ella no pudo contener la indignación. “¡Larrabure!”, gritó, en referencia al caso emblemático del mayor Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP; es el ejemplo al que el cuerpo militar acude para reclamar por las víctimas de la guerrilla en tiempos de dictadura.

“No estoy arrepentida porque no hice nada malo. Yo solo dije un nombre, no hice ninguna manifestación ni ninguna expresión”, sostuvo Liberatori, en su casa de Mar del Plata, a doce años de aquel episodio que sepultó la proyección militar de su marido, el capitán de fragata Marcelo Toulemonde. El acto en el que egresaba como guardiamarina su hijo mayor, Agustín, derivó en una persecución política y un hostigamiento que lo obligó a emprender su retiro en 2012.

El 29 de octubre de 2019 la jueza federal subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, ordenó a la Armada y al Estado nacional que se le reconociera el “daño moral” y que se lo indemnizara con una suma de 200 mil pesos, monto que el marino calificó como “simbólico”. En la sentencia, a su vez, desestimó la demanda de ser reincorporado al servicio activo y evaluado ante la Junta de Calificaciones de la Armada. Sin embargo, el fallo se dictó luego de que el 23 de agosto Toulemonde hubiera sido reincorporado en concepto de disponibilidad, en una gestión paralela al reclamo judicial. El jefe de la Armada Argentina, el almirante José Luis Villán, fue compañero de promoción del oficial naval.

“Por fin se hizo justicia -reflexionó en diálogo con Infobae-. En cierta forma lo que más valoro es el hecho de que estuve bregando por mis derechos desde adentro. Quizá otra persona se hubiese ido al primer hostigamiento, hubiese pensando ‘pido retiro y me voy’. Yo veía algo que era tan injusto que me dediqué a seguir peleando. Aun sabiendo que lo más difícil era luchar sin sacar los pies del plato”.

El sentimiento de Marcelo Toulemonde es de sosiego. Había sido sancionado, luego de que su pareja invocara el apellido Larrabure en respuesta al discurso de la presidenta electa, por “no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas de comportamiento a seguir”. Al año siguiente, fue relevado de la jefatura de Arsenal Naval de Mar del Plata y se le inició sumario administrativo por cinco sanciones graves que luego no prosperaron. Al habérsele abierto un sumario, no calificaba para el ascenso. Interpretó la arbitrariedad con la que se lo había imputado como señal de hostigamiento. Un cuadro de angustia y ansiedad ameritó un período de licencia médica que fue guiándolo hacia el retiro obligatorio en 2012.

Toulemonde fue reincorporado por oportunidad, mérito y conveniencia, y no por ilegitimidad, como los casos de un cuerpo de oficiales que habían sido pasados a retiro por “portación de apellido”, durante la gestión de la ministra de Defensa Nilda Garré en 2010. Eran 25 integrantes de las tres fuerzas a quienes se les había negado el ascenso por ser familiares directos de represores y autoridades que habían ejercido cargos durante la última dictadura militar. En noviembre de 2018, el actual ministro Oscar Aguad dictó la resolución 1414 que revocaba la norma. En el nuevo fallo, disponía el pase a retiro de los oficiales por el tiempo transcurrido y ordenaba “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad”.

El beneficio no involucró a Toulemonde porque ya había un reclamo judicial en curso. El oficial naval hoy espera que el ministerio contemple el mismo reconocimiento retroactivo que hicieron con los “portadores de apellido”: su lucro cesante, como si hubiese trabajado en la Armada desde el 31 de diciembre de 2008 hasta la fecha. La solicitud debe pasar por la comisión de acuerdos del Senado, que manejará Federico Pinedo hasta el 10 de diciembre. Luego de esa fecha, tal vez su suerte sea otra.

“Tengo la paz de sentirme reinvindicado por haber logrado algo por lo que bregué durante mucho tiempo. La sentencia es un reconocimiento moral también. Me importaba más que nada que se hiciera justicia para dejar una enseñanza a los más jóvenes, porque cuando hay una injusticia hay que luchar hasta que las cosas se pongan en su lugar”, describió el capitán Marcelo Toulemonde, doce años después de que se lo acusara de “no controlar debidamente a su esposa”.

Mónica Liberatori había invocado el nombre del ingeniero químico secuestrado el 11 de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, de la que era subdirector. Murió un año después por asfixia luego de un cautiverio en condiciones inhumanas en una “cárcel del pueblo” en Rosario.

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