La primera denuncia se remonta a 2014. Rápidamente fue desestimada por falta de pruebas. Luego se sumaron otras víctimas que contaron situaciones similares. En total, cuatro mujeres denunciaron ante la Justicia abusos sexuales por parte de un empleado jerárquico del Programa de Protección a Testigos e Imputados, creado para cuidar a personas que colaboran en causas federales. Las denunciantes son víctimas de casos de trata de personas. El acusado, identificado como G.H.T, fue apartado de su función y luego echado por el Ministerio de Justicia.

Recién en 2018 las actuales autoridades del ministerio de Justicia de la Nación se enteraron de la existencia que aquella vieja denuncia de 2014 contra G.H.T.. La denunciante era una mujer que debía que ser cuidada por el Programa. El Ministerio encargó un sumario interno. “No hay elementos para probar el hecho”, concluyó aquella primera investigación administrativa, según explicaron fuentes oficiales.

G.H.T. no era un empleado más. Era uno de los ocho operadores del Programa de Testigos Protegidos. Por esa función, se encargaba del seguimiento de casos y era nexo con las personas protegidas. Pasaba mucho tiempo con los testigos y tenía información vital sobre identidades y acusaciones hechas por las personas a las que debía cuidar.

El ingreso de G.H.T al Programa se remonta a marzo de 2009. Su designación, a través del ente cooperador ACARA, un mecanismo cuestionado que se utilizó en la administración pública hasta el año pasado, lleva las firmas de José Lucas Gancerain, entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio de Justicia y hombre de confianza de Aníbal Fernández, y Alejandro Slokar, entonces subsecretario de Política Criminal y actual juez de la Cámara de Casación.

Nicolás Stulberg
Nicolás Stulberg

Antes de ingresar al Programa, G.H.T. (56) había trabajado en la justicia bonaerense y en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También había incurrido en la política. En 2009, según consta en su propio CV, al que tuvo acceso Infobae, era asesor ad honorem de la concejal del Frente para la Victoria de Morón, Patricia Arteaga.

Aunque el primer sumario favoreció a G.H.T., las denuncias en su contra se multiplicaron. En abril de este año, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, alertó sobre un total de cinco denuncias. Las protagonistas eran mujeres que estaban bajo la protección del Programa por ser víctimas en causas de trata de personas.

En las denuncias se lo acusaba de abuso sexual, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, extorsión, entre otros delitos.

En uno de los casos se señala que G.H.T. besaba sin consentimiento a la víctima, la abrazaba y le tocaba sus partes íntimas. Además, no le permitía tomar contacto con la asistente social del Programa para evitar que lo denunciara, y la extorsionaba con la posibilidad de seguir en contacto con su familia.

Una segunda denuncia fue radicada en un juzgado federal del interior de Buenos Aires. Allí se indicó que el empleado que fue echado la obligó a cambiar su testimonio y que mientras estaba bajo la protección del Programa fue reclutada nuevamente para ser explotada.

Otra denuncia se investiga en un juzgado federal de la Capital y allí la víctima denunció que G.H.T. la obligaba a mentir en sus declaraciones y sospecha que le enviaba mensajes con tono amenazante y videos pornográficos.

Los fiscales María Alejandro Mángano y Marcelo Colombo
Los fiscales María Alejandro Mángano y Marcelo Colombo

El Programa de Protección está dirigido a testigos e imputados (colaboradores o arrepentidos) que hagan un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas, corrupción) y que, como consecuencia de ese aporte, estén en una situación de riesgo.

En un principio era sólo una oficina que se encargaba de atender los casos relacionados con investigaciones judiciales, pero en 2003, se sancionó la ley 25.764, que creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

A partir del oficio de la Protex, las autoridades del Ministerio de Justicia decidieron ampliar el sumario y en principio lo apartaron de todos los casos relacionados con mujeres. En agosto, finalmente decidieron echarlo.

Los fiscales Mángano y Colombo pidieron la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que está a cargo de Sergio Rodríguez. El mes pasado, la PIA emitió un dictamen, al que accedió Infobae, para que se investigue por qué G.H.T. no fue sancionado disciplinariamente a pesar de las graves denuncias en su contra. En la mira quedó el ex director del Programa, Darío Ricardo Díaz. Se investiga si encubrió a G.H.T cuando conoció la primera denuncia, fechada en 2014. Díaz habría minimizado el caso, argumentando que la denunciante estaba “enamorada” del funcionario, aseguran fuentes de Justicia.

Pero Rodríguez no se quedó allí. También le solicitó al ministerio de Justicia de la Nación que hiciera una auditoría de todo el personal que trabaja en el Programa. El fiscal quiere saber si el de G.H.T. es un caso aislado entre los que tienen que proteger a los testigos e imputados o hay más agentes condicionados para desempeñar sus delicadas tareas.