Alberto Fernández cosecha señales contradictorias: apoyos pero con demasiados pedidos sectoriales

Muy al final de su extensa reunión con la plana mayor de la UIA –calificada como productiva por las partes-, Alberto Fernández dejó ayer un mensaje que no debería pasar inadvertido: señaló limitaciones de caja para atender algunos reclamos empresariales, en particular la reforma tributaria y otros pedidos similares. Lo expuso como una carga objetiva, por el estado de las cuentas que heredaría si consagra su proyecto presidencial en pocas semanas. El tono de la conversación dio por sentado su triunfo. Y por eso mismo su referencia a un “déficit fiscal de 7 puntos” no resultó un elemento menor. Sonó también a respuesta preventiva.

En apenas unos pocos días, el candidato más votado en las PASO pudo registrar los tironeos de variados interlocutores, algunos como fruto de llamativos ensimismamientos sectoriales y otros alimentados por su propio tono de campaña. Una campaña que desde el 11 de agosto es matizada por posturas de virtual presidente electo, gestos para mostrarse contenedor del conflicto social –incluido su frustrado llamado a los gremios de pilotos- y pasos orientados a consolidarse como jefe partidario, aún al riesgo de una caída como la del domingo pasado en Mendoza.

Precisamente en esos terrenos se anotan algunos hechos que pueden ser computados como apoyos –unos más explícitos que otros- y también como movimientos para marcar el terreno a recorrer si gana las elecciones. Materia de negociaciones.

El último capítulo fue escrito ayer en la sede de la UIA, una cita que coronó varios encuentros públicos previos y antes, contactos más o menos reservados. Todo estuvo a tono con la trascendencia que unos y otros le dieron a la cita. Alberto Fernández estuvo acompañado por Santiago Cafiero y dos integrantes destacados de su ala económica, Cecilia Todesca y Matías Kulfas. Y Miguel Acevedo los recibió junto a la mesa ejecutiva de la entidad: formalmente, presentaron su propuesta 2020-2023, que irán entregando a todos los candidatos.

Por supuesto, hubo compromiso verbal de empujar un proyecto productivo y de encarar con ese objetivo la crisis económica. Y pasado en limpio, lo que estuvo sobre la mesa fueron planteos sectoriales ordenados de menor a mayor, aunque en cualquier caso con demandas importantes para el Estado. Reforma tributaria, baja de retenciones para algunos productos, reintegros para otros, líneas de créditos blandos, mayor compromiso de las provincias para reducir cargas locales.

No se habló, dicen, de reforma previsional, pero sí con algo de elegancia de reforma laboral o modificaciones en normas o convenios. Para evitar tensiones en otros frentes, el tema fue presentado por los empresarios como la necesaria “actualización” de las relaciones laborales en función de cambios en los mercados y en la producción. Vestido así el planteo, alcanzó para que desde las filas del candidato afirmaran que ese punto incómodo quedó fuera del temario.

Fue, eso último, parte del equilibrio que busca Alberto Fernández para ir tejiendo poder y sobre todo, compromisos para una posible gestión. Las conversaciones con jefes de los distintos sectores sindicales apuntan a unificar la CGT, o empezar a recomponer su interna, en la perspectiva del pacto social anunciado como objetivo inicial.

Los referentes de la conducción cegetista –Héctor Daer, los gordos e independientes- y del sector más duro, que encabeza Hugo Moyano, están tratando de acercar posiciones. No se sabe si se abriría paso a una conducción con secretario único o si se recrearía alguna mesa compartida. Pero el gesto de respaldo político al candidato está asumido, con la contrapartida de mensajes sobre la reforma laboral. No son posiciones homogéneas, pero van del rechazo frontal hasta la aceptación sólo parcial y específica de alguna flexibilización.

Del mismo modo, el éxito que los gobernadores peronistas -principales socios políticos de Alberto Fernández- acaban de lograr en la Corte Suprema dibuja una señal contradictoria a futuro. Los jefes provinciales del PJ lograron frenar la poda de la coparticipación que representan la eliminación del IVA para algunos productos básicos de la canasta alimentaria y una baja de los alcances de Ganancias. Es decir, el fallo establece que el Gobierno debe hacerse cargo de unos 30.000 millones de pesos que por decreto correspondían a los distritos. Las medidas no son anuladas judicialmente, pero las provincias no comparten el esfuerzo.

Mauricio Macri criticó con dureza a los gobernadores peronistas por desentenderse así del tema, a pesar del anunciado objetivo de alivio a la situación social. El argumento de los jefes provinciales es que Macri debe hacerse cargo de la crisis generada por su gestión. La historia no está cerrada. Desde el Gobierno ya dejaron trascender que no darían marcha atrás con las medidas, a pesar del trastorno presupuestario que supondría.

En otras palabras, la continuidad de tales rebajas de impuestos dependería a futuro de Alberto Fernández en caso de ser consagrado electoralmente. Debería redefinir el tema, tal vez por ley, para lo cual se abriría otro rubro de negociación con las provincias, también en el foco de los empresarios que reclaman un compromiso cierto de baja de las cargas impositivas locales.

Son todas piezas de un mismo tablero, en el que se destacan además y sobre todo la negociación con el FMI, que se mantiene en modo de espera para ver qué pasa el domingo 27 pero sin dejar de enviar señales, y el rearmado integral de la deuda.

Las últimas especulaciones en ese campo refieren a cierta sugerencia del Fondo para una renegociación con quita a los privados. Es una interpretación posible aunque no única de las versiones que circulan sobre el modo de aliviar el peso de los compromisos. La contracara menos amigable de tales cuentas, más allá del modelo externo invocado, es la del ajuste. Y el punto, por ahora, es que los pedidos y mensajes al candidato parecen no registrarlo.

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