Realismo K: Justicia Legítima suma presión a los jueces federales y habla menos de la Constitución

No abundar en el tema de una reforma de la Constitución –mostrarlo y dejarlo en el freezer- y concentrarse en la ofensiva sobre los jueces federales que manejan causas por corrupción, varios de ellos muy pragmáticos y de olfato político desarrollado. Podría decirse que es un acto de realismo, táctico, en boca del kirchnerismo duro. Y en esa dirección apuntan las definiciones –maduradas, lejos de cualquier improvisación- que esta semana dejó la presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño.

La fiscal y titular de esa agrupación judicial circuló con cintura por el margen que parece haber dejado la posición repetida por Alberto Fernández. También, entre las insinuaciones de Cristina Fernández de Kirchner y los silencios de otros promotores de una modificación del texto constitucional. Hay bastante de lectura práctica en este juego: la reforma de la Constitución demanda mayorías especiales en el Congreso, no garantizadas aún en caso de triunfo abrumador, y "consensos" que hoy al menos no asoman. En cambio, los jueces, en especial Comodoro Py, están más a tiro del poder y de la política en general, entre otras razones porque exponen daños en su imagen, muchos autoinfligidos.

Alberto Fernández, naturalmente, no es responsable directo de cada hecho o movida atribuible a su potente triunfo electoral en las PASO y a lo que dicen ahora las encuestas. Pero aun tomando sus declaraciones, está claro que hay elementos que no le gustan y otros a los que le da aire. En el primer rubro, ha repetido su rechazo a una reforma de la Constitución. Lo fastidia que gire cada tanto el tema y la última vez que se pronunció, raíz de declaraciones de CFK sobre nuevo orden y contrato social, dijo que nada podría hacerlo cambiar de opinión.

En cambio, antes y después de quedar parado sobre una montaña de votos, fue especialmente duro en su carga contra jueces federales que tienen en sus manos causas por corrupción y han sumado procesamientos a la ex presidente. En la misma línea, presentó a CFK como víctima de una persecución político-judicial, una categoría que otros extienden a ex funcionarios kirchneristas. Fernández no expresa especial simpatía por muchos de ellos, aunque sí cuestiona las prisiones preventivas. Es una crítica razonable en muchos casos, que no debería exculpar las cuestiones de fondo.

Caamaño buscó despegar –a ella misma y a la entidad que preside- de cualquier relación directa con el Instituto Patria y con los integrantes de la fórmula del Frente de Todos. Por supuesto, hay puentes, múltiples relaciones y contactos compartidos. La integración de Justicia Legítima va desde simpatizantes hasta disciplinados exponentes del kirchnerismo duro.

La invocación de Caamaño a una imprecisa pero inquietante "democratización" de la Justicia y el eco de la carga contra los medios fueron ingredientes nada desdeñables, pero tal vez lo más significativo fueron los disparos sobre jueces federales como objetivo inmediato, antes que una batalla de fondo. "Las cosas se van a empezar a reformar sin reformar la Constitución, más allá de que yo esté de acuerdo con que habría que reformarla", resumió en declaraciones radiales.

El foco judicial, se ha dicho, estuvo puesto en Comodoro Py: Caamaño dijo que habría que ampliar significativamente el número de jueces y fiscales –cuadruplicarlo, exageró- para "diluir su poder". ¿Coparlo? Algo parecido se escuchó ya sobre la Corte Suprema. Pero además, el punto sería básicamente de conveniencia, ni ético ni de doctrina.

Nadie que conozca el entramado de jueces federales y sus efectos dudaría sobre la necesidad de encarar una estrategia para desarmar lo que la política fue armando, en especial desde el menemismo, con más oscuridades en la etapa kirchnerista y sospechas renovadas en esta gestión. El tema sería para qué y cómo. ¿Cambiar en función del ciclo político o desarmar un tablero realmente corrosivo para el sistema democrático y la credibilidad social?
Caamaño da pistas bastante claras. Expresa que los jueces "no comen vidrio" y destaca que hay evidencia de que algunos "se están acomodando" en función del posible cambio de gobierno. No hay ningún signo de malestar por ese giro. Sentido utilitario y selectivo: las señales de sintonía con la política –o el juego político propio- serían condenables en la etapa macrista y bien recibidas cuando se ajusta a los resultados de las PASO y el posible desenlace electoral de octubre.

La mirada selectiva no se agota allí. El problema estaría restringido a Comodoro Py y su zona de influencia. Nada que decir sobre otros jueces que operan abiertamente o no tanto en función de sus afinidades o compromisos políticos, en cada provincia o a escala nacional. Hubo en las declaraciones referidas un aval al juez Alejo Ramos Padilla -casi como contracara de los federales cuestionados-, que en el caso D'Alessio expone medidas que avanzan peligrosamente sobre cuestiones básicas y a la vez sustanciales del trabajo periodístico, resguardadas constitucionalmente.
Caamaño expresó un mensaje que tal vez incomode en plena campaña. La línea argumental reconoce sonidos del pasado y proyección renovada a futuro.

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