La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) está liderada por Gerardo Martínez, un sindicalista con mil batallas que se dedicó a estudiar Relaciones Exteriores y viaja todos los años a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que delibera en Ginebra (Suiza).
Martínez siempre evitó ejercer su poder sindical en la seccional La Plata, bajo control absoluto de Juan Pablo "El Pata" Medina, un dirigente gremial con fortuna voluminosa e intocable para la jerarquía de la CGT con sede en la calle porteña Azopardo.
Con la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación bonaerense, el peso específico de Medina empezó a menguar. Y su caída del poder y consecuente prisión preventiva sucedió cuando se comprobó que lideraba una asociación ilícita que se dedicaba a apretar empresas y a lavar dinero.
Medina manejó la seccional La Plata durante 20 años, y en ese lapso habría avanzado sobre las empresas constructoras que hicieron la autopista a Buenos Aires, el Policlínico platense, el Estadio Único, el Hipermercado Niní y el Colegio de Abogados.
"Pata" Medina –comprobó la Justicia platense– siempre aplicaba el mismo modus operandi: decidía quién trabajaba, a qué hora se iniciaban las obras, a qué hora terminaban, qué se almorzaba, y obvio, cuánto era el monto del "peaje" que las constructoras debían desembolsar para cumplir con sus compromisos contractuales.
El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, hace dos años pidió la prisión preventiva de Medina y sus probables cómplices. "Existen elementos suficientes para tener por acreditado que por lo menos de hace 6 años a la fecha, un grupo integrado por al menos 11 personas, una de ellas como jefe, valiéndose de la circunstancia de ser el secretario general de la UOCRA La Plata, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por sí, o utilizando como medio a los obreros del gremio para tales fines", argumentó Garganta al solicitar la captura del líder gremial.
Y remató: "Mediante actos intimidatorios, y bajo la amenaza de parar las obras y trabarlas en conflictos gremiales, procuraron de manera sistemática y de imposible cumplimiento sin un acuerdo previo, la concesión por parte de empresas y contratistas de importantes beneficios económicos, imposición de personal, cantidad del mismo y empresa proveedora de viandas entre otras cosas".
Con el escenario político despejado, Martínez ordenó la intervención de la seccional La Plata, que Medina ya la consideraba un bien familiar con tenencia de por vida. Carlos Vergara se hizo cargo de la intervención de la UOCRA, y desde hace tiempo sufre presiones políticas y misteriosos llamados telefónicos.
"No les gusta la intervención: pero 'El Pata' Medina está preso por tener una fortuna que nadie sabe de dónde salió. No aguantan más estar afuera. Esto es violencia pura por poder", comentó Vergara cuando se le preguntó por los incidentes en Ensenada.
El interventor asignado por Martínez no hizo nombres propios, pero al frente de las piedras y las corridas está el heredero gremial de "El Pata" Medina. Se trata de Brian Medina, es el nieto, que aprovechó un conflicto gremial en la empresa AESA para iniciar una escala sindical.
Brian Medina ya hace cálculos políticos y asume que el tiempo de la gobernadora Vidal está concluyendo. Además tiene en la mira al interventor Vergara e inició una guerra de guerrillas para erosionar su poder a través de una sucesión de incidentes como los que ya sucedieron en la planta de YPF pero que podrían continuar en una escala geométrica.
La lógica del clan Medina es fácil de explicar. Brian Medina –el sucesor– considera que se acabó el tiempo político de las prisiones preventivas, que su abuelo puede salir en libertad en los próximos meses y que los incidentes en La Plata y Ensenada pueden acelerar los tiempos judiciales.
El secretario general de la UOCRA optó por el silencio. Martínez regresó a la estrategia gremial que aplicaba cuando "El Pata" y su familia caminaban intocables por la ciudad de las diagonales.
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