
Más de dos meses después de que el Gobierno reglamentara el uso de las pistolas taser para personal de las fuerzas de seguridad, la administración de Mauricio Macri concretó la primera compra de esas armas y sus respectivos cartuchos.
En el proceso de licitación el Gobierno finalmente eligió a la empresa Axon, a la que le abonó $ 5.285.000 (USD 123.000) por la compra de 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. Según el ministerio de Seguridad, el total de la compra a Axon se terminará realizando por casi la mitad del precio original que había ofrecido la empresa.
En esta compra, cada pistola taser costó $ 36.635 (USD 862), mientras que los cartuchos operativos tuvieron un costo de $ 1.005 (USD 23,65) y los de capacitación $ 966 (USD 22.75).
En mayo, tras la aprobación del Reglamento General para el uso de pistolas electrónicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno estableció que en agosto empezarían a ser usadas por efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales que realizan prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y estaciones de trenes.
De acuerdo a la norma, esas armas se empelarán "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública".
En otro de los puntos, precisa que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".
Tal como dispone la reglamentación, el personal debe recibir un entrenamiento específico, motivo por el cual ya comenzaron las capacitaciones en cada uno de los centros de formación de las fuerzas.
Las pistolas electrónicas poseen un sistema de grabación automático, por lo que una vez que se accionan registran qué se hace con ellas y cómo se utilizan, lo que permitirá un mayor control.
El reglamento aprobado indicó en sus considerandos que las armas no letales son "un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza". Y, destacó que la doctrina internacional toma en cuenta los estudios médicos y técnicos que concluyen que las armas electrónicas no tienen efectos letales sobre las personas.
Esas armas son empleadas en Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia, entre otros.
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