Investigan las declaraciones del presidente de la Corte bonaerense

Eduardo de Lazzari asumió que María Eugenia Vidal avanzaba con su agenda de reformas en la justicia provincial cuando nominó a Sergio Torres como candidato a la Suprema Corte bonaerense. De Lazzari había llegado al alto tribunal como un premio concedido por Eduardo Duhalde cuando era gobernador. Torres ya era juez federal en Comodoro Py y se encontró con una extraña situación institucional: De Lazzari, su futuro compañero del tribunal y presidente pro tempore de la Suprema Corte, se negaba a su incorporación oficial para no perder influencia interna y poder externo.

Es decir, alegando desde problemas de radicación domiciliaria hasta una supuesta ignorancia de las normas provinciales, De Lazzari resistía la decisión política de la gobernadora Vidal, que eligió a Torres por su conocimiento y capacidad técnica en la aplicación del derecho.

Vidal ganó la pulseada apoyada por el procurador general Julio Conte Grand, y finalmente Torres juró como miembro de la Suprema Corte bonaerense. La designación de Torres consolidaba la agenda judicial de la gobernadora de Cambiemos, que en tres años y medio de gestión echó a mas jueces y fiscales que Daniel Scioli en sus dos mandatos consecutivos: 23 jueces y 18 fiscales versus los 20 magistrados que expulsó Scioli en ocho años.

Jubilación y Moyano

De Lazzari fue secretario de Seguridad de Duhalde y ya inició sus tramites para obtener la jubilación como magistrado, busca un destino político en la provincia o a nivel nacional si, finalmente, el kirchnerismo triunfa en las elecciones.

Por esta ambición política y su resistencia a los cambios institucionales que se plantean en la Suprema Corte, De Lazzari rompió su habitual cautela y avanzó contra la gobernadora Vidal, conocida por no retroceder cuando se opina sin evidencias sobre asuntos institucionales que rozan su administración provincial.

"Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", afirmó De Lazzari en un foro que reunió a más de cien jueces.

Sus opiniones fueron apoyadas y multiplicadas por un tuit de Cristina Kirchner en su cuenta personal. La candidata a vicepresidente del Frente de Todos considera que hay una conspiración en su contra, y las opiniones del juez De Lazzari ayudaban a fortalecer su propia defensa en Comodoro Py, que tiene más de una docena de causas abiertas por su presunta participación en distintos casos de corrupción.

Investigación administrativa y judicial

Cuando Conte Grand escuchó las declaraciones del juez De Lazzari, obtuvo una copia oficial del audio y dos notas periodísticas que recogían los dichos y solicitó a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento -bajo su dependencia- que abriera un sumario remitiendo esa misma información a la Fiscalía General de La Plata, que ya designó a un fiscal para que instruyera el expediente penal.

En este contexto, De Lazzari está en dificultades: si ratifica su denuncia en la Secretaría de Control Disciplinario o en la fiscalía en la Plata, caería presuntamente en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, y si afirma que "fueron dichos de terceros" y que no tiene un solo dato propio, sus colegas de la Suprema Corte cuestionarán su accionar mediático y político.

El alto tribunal tiene siete miembros, y en esta crisis institucional De Lazzari está en soledad. Mañana debería sesionar -como lo hace todos los miércoles-, pero los jueces estudian la posibilidad de postergar la reunión de acuerdos para evitar que la crisis se profundice.

De Lazzari optó por el bajo perfil y aguarda que todo se diluya al compás de la campaña electoral. Se trata de una decisión que no conjuga con la predisposición de Vidal y Conte Grand: ambos funcionarios, cada uno en su rol institucional, resolvieron avanzar hasta que el caso quede resuelto.

Una mala noticia para De Lazzari: si ratifica sus declaraciones, podría haber incumplido el código Penal, porque si conocía un probable delito tenía obligación de denunciar. En cambio, si acepta que solo fue una opinión frente a cien jueces federales, sus horas en el alto tribunal estarían contadas por la propia decisión de sus colegas, que ya creen que terminó su tiempo como magistrado.

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