Cabecilla de grupo criminal colombiano fue detectado durante controles migratorios en Panamá

Los controles migratorios en los principales aeropuertos de Panamá han detectado en los últimos días personas requeridas por autoridades extranjeras, viajeros con antecedentes penales y documentos presuntamente alterados.

Los casos incluyen ciudadanos colombianos vinculados con investigaciones judiciales y dos vietnamitas que intentaron transitar utilizando pasaportes japoneses presuntamente falsificados.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen fueron detectados dos ciudadanos con requerimientos de la justicia colombiana.

Uno de ellos fue identificado por las autoridades como el tercer cabecilla de “La Inmaculada”, una organización criminal con operaciones principalmente en Tuluá, Valle del Cauca, relacionada con extorsiones, cobros ilegales y préstamos informales conocidos como “gota a gota”. A ambos se les impidió continuar su tránsito.

La Inmaculada, conocida también como “La Oficina de Tuluá”, es considerada por la Policía colombiana un grupo delincuencial organizado. Las autoridades le atribuyen actividades como homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y tráfico de drogas.

Investigaciones recientes también han vinculado a integrantes de la estructura con amenazas a comerciantes y acciones violentas para exigir pagos.

Parte de sus actividades está relacionada con el denominado “gota a gota”, un sistema informal de préstamos de dinero caracterizado por desembolsos rápidos y cobros frecuentes, generalmente sin intermediación bancaria.

El problema surge cuando estructuras criminales utilizan el esquema para imponer intereses elevados y recurrir a amenazas o violencia para cobrar las deudas. La Policía colombiana ha documentado esa modalidad dentro de operaciones contra La Inmaculada.

La segunda persona detectada en Tocumen fue una mujer requerida por su presunta vinculación con el crimen organizado, según la información suministrada por las autoridades migratorias.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió que continuara su tránsito, dentro de los controles aplicados a pasajeros que utilizan Panamá como punto de conexión hacia otros destinos.

Otro procedimiento involucró a una ciudadana colombiana que arribó al Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y mantenía un impedimento vigente.

La mujer era requerida por un delito contra el orden económico en perjuicio del sistema financiero, por lo que quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente.

A estos casos se suma el de otro colombiano a quien Migración negó recientemente la entrada a territorio panameño. De acuerdo con la información divulgada por la institución, el viajero mantenía antecedentes relacionados con lesiones personales dolosas, falsedad material de particular en documentos públicos, trata de personas y hurto agravado.

Un episodio diferente ocurrió cuando dos ciudadanos vietnamitas intentaron transitar por Panamá utilizando pasaportes japoneses presuntamente alterados. Las inconsistencias fueron detectadas durante los controles documentales y el SNM negó el tránsito a ambos viajeros, además de aplicar el procedimiento migratorio establecido para documentos cuya autenticidad se encuentra comprometida.

El uso fraudulento de documentos de viaje de otras nacionalidades forma parte de las modalidades detectadas internacionalmente en movimientos migratorios irregulares.

Los pasaportes de países con amplio acceso sin visa pueden resultar atractivos para redes de falsificación porque permiten intentar superar restricciones migratorias que enfrentan viajeros de nacionalidades con mayores requisitos de visado para determinados destinos.

Los nuevos episodios ocurren mientras las estadísticas del SNM muestran que 693 extranjeros fueron detenidos por infringir la legislación nacional entre enero y julio de 2026. De ellos, 580 fueron hombres y 113 mujeres.

Las principales causas fueron ingreso irregular y estadía vencida, con 223 casos cada una, seguidas por 195 personas remitidas tras cumplir una pena.

Los colombianos representan prácticamente la mitad de esas detenciones. De los 693 extranjeros registrados hasta el cierre de julio, 342 eran ciudadanos de Colombia, seguidos por 132 nicaragüenses y 92 venezolanos.

Ecuador aparece posteriormente con 26 casos, mientras que otras nacionalidades acumularon cifras considerablemente menores durante los primeros siete meses del año.

Las medidas migratorias también se reflejan en las salidas obligatorias. Entre enero y julio, Panamá contabilizó 665 deportaciones y expulsiones: 375 correspondieron a deportados y 290 a expulsados.

Solo durante julio se registraron 77 procedimientos, mientras los hombres representaron 544 casos, equivalentes al 82% del total acumulado durante el período.

Nuevamente Colombia encabeza las estadísticas, con 342 ciudadanos deportados o expulsados hasta julio, seguida por Nicaragua con 152 y Venezuela con 49. El ingreso irregular fue la principal causal, con 402 casos, mientras 131 procedimientos estuvieron relacionados con delitos de posesión agravada de drogas y otros 24 con antecedentes penales.

Los casos detectados en Tocumen y Panamá Pacífico muestran otra dimensión del control migratorio: no solamente identificar permanencias o entradas irregulares, sino verificar antecedentes, alertas internacionales y autenticidad documental entre pasajeros.

En un país convertido en uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina, los controles también alcanzan a quienes únicamente pretenden utilizar el territorio como punto de tránsito.