Las claves de la estrategia que desplegará Cristina Kirchner en el primer juicio oral en su contra

Persecución política, acusaciones falsas y falta de pruebas para demostrar su inocencia. Bajo esas premisas, Cristina Fernández se defenderá en el juicio que comenzó en su contra en donde se la acusa de encabezar una asociación ilícita que direccionó la obra pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La decisión de la ex presidenta no será guardar silencio: va a declarar ante los jueces pero ella elegirá el momento, dijeron a Infobae fuentes de su defensa. Hubiera querido hacerlo hoy, mientras escuchaba las pruebas en su contra. Pero no podía.

Se trata de un derecho que le asiste a cada acusado  -el de declarar en el momento que lo crea oportuno-, más allá de que cada uno de los imputados será llamado ante el tribunal para dar sus datos personales y ser consultados formalmente sobre si van a declarar (una vez que terminen las lecturas de elevación a juicio y los planteos previos).

De antemano, sin embargo, Cristina Kirchner usó sus redes sociales para dejar asentada su defensa. Habló de un nuevo "acto de persecución" con el único propósito de "colocar una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral". Y afirmó que "claramente no se trata de hacer justicia" sino de "armar una nueva cortina de humo" para distraer a los argentinos de "la dramática situación del país".

La senadora afirmó: "Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial".

"Las 'pruebas' por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete", dijo. Precisamente, la ex jefa de Estado pidió la citación de esos ex funcionarios. Entre ellos, Alberto Fernández, el hombre al que ella acompañará como vicepresidenta en una formula presidencial que competirá en las próximas PASO rumbo a las elecciones de octubre.

Cuando le había tocado declarar ante el juez Julián Ercolini, en octubre de 2016, Cristina ya había ponderado que la reasignación de partidas presupuestarias pasa por la firma de los jefes de Gabinete de la Nación desde 1994 y que el Congreso aprueba las inversiones de obras públicas.  Pero en aquella oportunidad también aclaró: "No soy ni socia comercial ni amiga de Lázaro Báez".

Por entonces, hacia seis meses que el referente de Austral Construcciones había caído preso por la llamada ruta del dinero, causa por la que ahora Báez y sus hijos están siendo juzgados por lavado de dinero, junto a Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Precisamente, en sus redes, Cristina también fustigó la figura del arrepentido Fariña, luego de que en la llamada causa D'Alessio que sigue el juez Alejo Ramos Padilla se sostuviese que su declaración en torno a la obra pública fue "guionada".

En aquella indagatoria, la primera que Cristina Kirchner tuvo que enfrentar por una causa de corrupción, Cristina Kirchner también reclamó investigar toda la obra pública de los últimos años. Y apuntó que la tercera empresa más beneficiada durante la era K fue la empresa IECSA, de Angelo Calcaterra. También denunció el dinero que se había entregado por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra llevada adelante por la brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso es que pidió a Calcaterra entre los testigos a los que la defensa quiere ver desfilar por el tribunal.

Precisamente, esa es una de las pruebas que Cristina alega que no obtuvo ni en la instrucción que llevó adelante el juez Julián Ercolini ni por parte del Tribunal Oral Federal 2, antes del inicio del debate. El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta, afirma que "la instrucción se hizo muy mal y de manera muy desprolija" y que "el tribunal autorizó pocas medidas de prueba, no más de un 20% de lo que pedíamos nosotros y otras partes".

Por eso fue a la Corte Suprema con una reclamo de denegación de justicia. Fue eso lo que la llevó a presentar una serie de recurso ante la Corte Suprema de Justicia, y al máximo tribunal pedir la causa principal la semana pasada, en una jugada que el antikircherismo  leyó como un intento de suspender el debate oral y el kirchnerismo como un bálsamo para poder obtener la respuesta que no tenía desde Comodoro Py.

Las especulaciones, sin embargo, quedaron en el aire: el debate oral comenzó mientras la Corte analiza las presentaciones de las defensas, con final abierto para lo que pueda pasar al ritmo de la campaña electoral.