El Gobierno formalizó este jueves el Plan Nacional Anticorrupción, que establece una serie de lineamientos orientados a garantizar mayor transparencia en el Gobierno, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.
El programa fue oficializado a través del decreto 258/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y comprende el período 2019-2023, lo que significa que regulará la gestión del próximo gobierno.
En concreto, el plan recolecta "más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas".
Entre ellas, enumera, se encuentran "mecanismos para mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas – con especial énfasis en la obra pública -, diversas plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública o la implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios".
La normativa destaca a su vez la decisión por parte de la Oficina Anticorrupción de llevar adelante una consulta pública, que estuvo abierta desde agosto del año pasado y donde 24 participantes de la sociedad civil que llevaron 18 propuestas. Entre ellas se abordaron temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras.
Para cada una de ellas contempla plazos de ejecución y la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación podrá convocar a "organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria".
"Complementariamente, se creará un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto", indica el decreto, que además indica que la iniciativa toma como faro las convenciones sancionadas a tales fines por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE.
"El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional", resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Con respecto al primero de los tres ejes centrales, el de "transparencia y gobierno abierto", el decreto dispone medidas destinadas a agilizar el acceso a la información pública, la asignación de transferencias, becas y subsidios más transparentes, un esquema de compras y contrataciones mucho más riguroso que el actual y mecanismos de transparencia fiscal, presupuestaria e inspecciones más exhaustivas.
Al abordar el tema de “integridad y prevención” se establecen también nuevas cláusulas que deberán cumplir todos los ministerios y dependencias públicas de la órbita del Poder Ejecutivo para el empleo público, la prevención de conflicto de intereses y la ética pública.
En tanto, la parte vinculada con “investigación y sanción”, determina un régimen de auditorías internas más complejo, un sistema de seguimiento de maniobras que puedan potencialmente ser lavado de dinero, el esquema de recupero de activos en el marco de hechos de corrupción, y un régimen disciplinario con esquema de denuncias y delaciones para que los funcionarios puedan denunciar sus pares bajo un esquema de protección especial.
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