El peronismo unido y la Corte Suprema suman alertas para el Gobierno

El Gobierno pero sobre todo la economía registran cada hecho político –y judicial, con sentido político- como señales que pueden marcar un rumbo más o menos crítico en el año electoral que recién arranca. La Corte aportó un revés con su fallo a favor de San Luis por un reclamo de fondos: agrega un eslabón a sus mensajes duros, anticipa otros y exhibe un trío dominante en el tribunal que de todas maneras no agota sus propias internas. El Congreso volvió a mostrar una foto del peronismo unido: tampoco resuelve esa discusión interna pero sugiere que el Presidente es la principal variable de ajuste en su propia pelea.

Las internas, de todos modos, son analizadas de diferente modo en el oficialismo. En el caso del peronismo, los funcionarios y legisladores más vinculados a las negociaciones creen naturalmente que será un año muy difícil, pero no cierran todas las puertas al PJ. Es decir, evalúan que en alguna medida pueden cerrar algún que otro trato. Y sienten que si los temas generan expectativas o son de interés social, no todo es gratis para la oposición actuando de manera indiferenciada –kirchneristas, federales y otros- como único recurso. El ejemplo de estas horas es el rechazo al DNU sobre extinción de dominio para bienes que son producto de la corrupción.

Más compleja y menos esperanzada es la lectura sobre la Corte Suprema. El principal problema es el empeoramiento de la relación con el tribunal, que venía arrastrando problemas para establecer una interlocución unificada y sólida mucho antes de la ofensiva relámpago que dejó fuera de la presidencia de la Corte a Ricardo Lorenzetti, pero para nada fuera de combate, y coronó a Carlos Rosenkrantz, pero acotado de entrada por sus colegas.

Ese desenlace y sus estribaciones recrearon ayer mismo los malestares y reproches en el interior del oficialismo por aquellos hechos y hasta por el aporte propio a la integración actual del tribunal. En ese contexto, el fallo a favor de la demanda de fondos motorizada por San Luis resultó significativo no sólo medido en términos presupuestarios. La decisión de la Corte completa en este año electoral lo que había empezado en la antesala de la asunción de Mauricio Macri. Aquella vez, noviembre de 2015, Lorenzetti como titular del tribunal, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt resolvieron a favor de Santa Fe y San Luis – y también de Córdoba por efecto de otra medida- el reclamo por la devolución de fondos de coparticipación que se venían recortando desde la época de la Alianza y durante todo el kirchnerismo.

Cristina Kirchner decidió ampliar los efectos al resto de los distritos mediante un decreto, apenas un par de semanas antes de despedirse de Olivos. Macri lo frenó, sobrevino una larga negociación y un acuerdo con las provincias, entre ellas Córdoba. San Luis y Santa Fe siguieron el pleito. La Corte ahora, con las firmas de Lorenzetti, Maqueda y Horacio Rosatti, le dio la razón a San Luis, anticipo además de respuesta al planteo santafesino.

El Gobierno buscaba anoche restarle dramatismo al tema. Decían que no hubo sorpresa con el fallo y que no hay plazos para negociar ahora con Alberto Rodríguez Saá, pero la dureza del gobernador –más aún en plena campaña y en dura pelea interna política y familiar- y los propios límites judiciales anticipan que no sería fácil ni con tiempos eternos. Se verá.

Ocurre, sin embargo, que ese aspecto –aún con el impacto que pueda tener en épocas de poda de gastos- no es el más grave o no los de manera excluyente. La Corte está exhibiendo un problema de varias caras. Se consolida una especie de nueva mayoría, sino automática sí repetida y denominada con acidez "mayoría peronista": Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Se consolida también la soledad de Rosenkrantz y cada una de sus "derrotas" ante el trío es considerada un traspié para Macri. Pero para completar, ese terceto tampoco es sólido, porque se mantiene la competencia interna entre Lorenzetti y Rosatti.

No parecen señales de independencia, sino de disputa doméstica y de dureza con el Gobierno. Ese cuadro, por supuesto, genera incertidumbre. Y es un dato fuerte en este año electoral con economía complicada.
Otra dimensión -más matizada y menor pero nada desdeñable- tiene este primer gesto del peronismo en el Congreso y en el arranque político de 2019.

Los distintos sectores del PJ y el kirchnerismo confluyeron para votar en bloque en la comisión bicameral encargada de revisar los DNU. Empataron de ese modo con el oficialismo y le dieron así a un legislador de La Cámpora la llave para rechazar el decreto sobre extinción de dominio.

En el oficialismo, destacaban después tres puntos. El primero, práctico: el DNU debería ser ahora rechazado por las dos cámaras para caer. El segundo, de valoración: el peronismo en todas sus vertientes queda así expuesto como la fuerza que impide la recuperación de bienes generados por la corrupción. Y la tercera, producto de la anterior y de algunos sondeos: algunos creen que hay margen para evitar el fin del decreto en el recinto o para tratar la postergada ley de extinción de dominio.

El fallo de la Corte y este capítulo legislativo marcaron ayer un día político realmente denso. Es imposible pronosticar si anticipan la tensión de la disputa que viene. Pero asoma claro que con esas preocupaciones, también por sus posibles estribaciones económicas, se las deberá ver el Gobierno de manera creciente.