Trasladan a alias ‘Pocho’ a cárcel de Girón tras polémica parranda vallenata en prisión de Itagüí

Un mes después de la polémica parranda vallenata realizada dentro de la cárcel de Itagüí, Antioquia, las autoridades confirmaron el traslado de Paulo Andrés Torres Flórez, conocido con el alias de “Pocho”, hacia la cárcel de Girón, en Santander.

Según información conocida por Caracol Radio, el hombre sería uno de los principales promotores de la celebración que generó fuertes cuestionamientos sobre los controles y condiciones dentro del centro penitenciario.

El traslado fue solicitado por la Consejería de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad encargada de la custodia de las personas privadas de la libertad vinculadas a los procesos de diálogo con el Gobierno nacional.

La polémica fiesta se realizó el pasado 8 de abril y contó con la participación de integrantes de combos de Medellín que actualmente hacen parte de acercamientos y conversaciones impulsadas por el Gobierno.

La celebración generó controversia nacional luego de la difusión de videos e imágenes en los que se observaban presentaciones musicales, consumo de licor y condiciones poco habituales dentro del penal. El evento incluso contó con la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez.

Las grabaciones circularon rápidamente en redes sociales y desataron críticas por las aparentes facilidades con las que se habría organizado la parranda dentro de uno de los establecimientos penitenciarios más importantes del país.

Las autoridades iniciaron investigaciones internas para establecer cómo se permitió el ingreso de elementos y el desarrollo del evento dentro de la prisión.

Ahora, con el traslado de alias “Pocho”, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reforzar las medidas de control dentro de la cárcel de Itagüí.

De acuerdo con la información revelada hasta el momento, Paulo Andrés Torres Flórez habría coordinado parte de la logística relacionada con la celebración vallenata que terminó generando cuestionamientos sobre la vigilancia y disciplina dentro del centro penitenciario.

El traslado hacia la cárcel de Girón ocurre mientras continúan abiertas investigaciones disciplinarias y administrativas relacionadas con la polémica fiesta. La Procuraduría mantiene actuaciones contra funcionarios del Inpec que presuntamente habrían permitido o participado en lo ocurrido.

El caso también provocó reacciones desde diferentes sectores políticos y judiciales que pidieron explicaciones sobre las condiciones en las que se desarrolló el evento.

Las autoridades penitenciarias adoptaron nuevas medidas luego del escándalo. Entre ellas, la instalación de cámaras de seguridad dentro del establecimiento carcelario para fortalecer la vigilancia y prevenir situaciones similares.

El pasado 30 de abril fueron instalados nuevos equipos de monitoreo en diferentes zonas de la cárcel de Itagüí, como parte de los correctivos implementados tras la difusión de las imágenes de la parranda vallenata.

Las autoridades buscan determinar si existieron omisiones o complicidades internas que facilitaron la organización del evento dentro del penal. Por ahora, los organismos de control continúan recopilando pruebas y revisando los protocolos aplicados durante esa jornada.

El episodio volvió a abrir el debate sobre el funcionamiento de algunos centros penitenciarios del país y las condiciones de control sobre estructuras criminales privadas de la libertad que mantienen influencia desde prisión.

Alias “Pocho” es identificado por las autoridades como integrante de estructuras criminales vinculadas a combos de Medellín que actualmente participan en acercamientos con el Gobierno nacional dentro de la estrategia de paz urbana.

Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las condiciones del traslado ni sobre posibles nuevas decisiones relacionadas con otros participantes de la parranda.

Mientras tanto, la Procuraduría y el Inpec continúan adelantando investigaciones para establecer las responsabilidades disciplinarias y administrativas derivadas de los hechos registrados el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí.

El caso sigue generando controversia por las imágenes difundidas desde el interior del penal y por las dudas sobre los controles ejercidos por las autoridades penitenciarias. Las investigaciones continúan abiertas mientras se analizan posibles sanciones contra funcionarios involucrados en el episodio.