La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y ordenó que sea citada a indagatoria por el presunto nombramiento irregular de fiscales y abuso de autoridad. Ahora, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, deberá llamar a indagatoria, junto al fiscal Carlos Gonella.
La decisión fue firmada hoy por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El juez Mariano Llorens votó en disidencia.
Gils Carbó renunció a la jefatura de los fiscales en octubre de 2017. Fue después de quedar procesada por la compra del edificio de la Procuración. Desde el comienzo de su gestión, el gobierno de Mauricio Macri pugnaba por su salida. El propio presidente llegó a decir: "Gils Carbó no tiene autoridad moral para continuar en su cargo". Referentes del kircherismo y de organismos de derechos humanos la apoyaban.
Gils Carbó llegó a la Procuración General en 2012. Con su gestión, creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y nombró a Carlos Gonella en ese cargo. En 2013, explotó el escándalo de la ruta del dinero K que salpicaba a Lázaro Báez, pero inicialmente Báez no fue imputado. Solo Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que aparecían hablando en el programa Periodismo para Todos.
En ese contexto, el entonces senador radical Mario Cimadevilla denunció a Gils Carbó por nombrar, supuestamente de manera irregular, a fiscales para que le respondan de manera incondicional, incluido Carlos Gonella, encargado de investigar las maniobras de lavado que involucran al empresario Lázaro Báez.
El fiscal federal Guillermo Marijuán había impulsado la investigación, en la que a Gils Carbó se le cuestionaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o ad hoc. El caso más apuntado era el de Carlos Gonella, titular de la Procelac.
El juez Casanello entendió que no había delito y archivó la causa, pero la Sala I revocó la decisión. Casanello entonces dictó el sobreseimiento de la entonces funcionaria y de Gonella. Es esa decisión la que se revocó hoy. La Cámara Federal dispuso indagar a Gils Carbó y Gonella.
"Surge de este legajo que al frente de la estructura de la Procelac debía estar un fiscal general de la PGN, cargo éste que al parecer se encontraba vacante desde hacía poco tiempo antes y que habría sido utilizado para integrar el organismo creado. Por lo tanto, en principio, dicho cargo debía cubrirse con un fiscal reemplazante, mientras que el doctor Gonella no revestía ese carácter, puesto que era subrogante en la fiscalía 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con el cargo de secretario de Fiscalía General", escribieron Bruglia y Bertuzzi en su resolución.
Llorens entendió, en tanto, que el dictado de las resoluciones y el nombramiento de Gonella "se enmarcaron dentro de sus facultades discrecionales" y firmó en minoría ratificar el fallo de Casanello.
El caso del edificio
Mientras tanto, Gils Carbo está procesada por la compra del edificio en la calle Perón 667, una operación por la que se pagaron unas comisiones millonarias al hermano del funcionario que se ocupó de la licitación. En su indagatoria, Gils Carbó admitió que hubo un "negocio oculto" en la transacción pero aseguró que fue ajena a la maniobra.
El juez Julián Ercolini la procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Más tarde la Cámara Federal confirmó el procesamiento aunque por la figura a negociaciones incompatibles con la función pública. Eso significa que para la Cámara no hubo un fraude o un perjuicio al Estado.
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