El juez federal Claudio Bonadio ordenó 101 indagatorias en el marco de una investigación por la cartelización de la obra pública, derivada del caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Entre los citados se encuentran la ex presidente Cristina Kirchner, los empresarios Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner y Juan Chediack, el financista Ernesto Clarens y otros ex funcionarios de los gobiernos de CFK y de Néstor Kirchner, como Julio De Vido y Roberto Baratta, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
Todos los imputados comenzarán a desfilar por el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py a partir del 20 de febrero.
Hay 101 empresarios y funcionarios llamados a indagatoria, algunos de los cuales aceptaron haber pagado las coimas relatadas en las anotaciones de Centeno.
Cristina Kirchner fue citada para el 25 de febrero. Un día después deberá volver a los tribunales federales porque está fijado el inicio del debate por el juicio de la obra pública –más allá de los pedidos de suspensión-.
Entre los ex funcionarios citados están De Vido, José López y José Nivello, a los que se suman responsables del área de Vialidad como Nelson Perotti y Sandro Férgola, entre otros.
En la nómina de empresarios aparecen Cristóbal López y uno de sus hijos; Osvaldo de Sousa; los ex responsables de IECSA Angelo Calcaterra, Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri. También están Carlos Wagner, Juan Chediack y Gustavo Weiss, ex presidentes de la Cámara de la Construcción. En la lista están también Aldo Roggio, Mario Rovella (de la empresa Rovella Carranza) y Jorge Sergio Venol (de la constructura Relats) o nombres como Elias Ezequiel Sapag, Fabián Biancalani y Juan Perona. El juez Bonadio incluyó también a Miguel Aznar, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel y Luis Losi, Patricio Gerbi y Manuel Santos Uribelarrea, entre otros.
Fue Carlos Wagner el primero que, como arrepentido, habló del "club de la obra pública" y mencionó a ciertas empresas que no estaban en los cuadernos de Centeno. Después, Clarens también buscó ser arrepentido y habló de un listado de empresas que hicieron negocios con la obra pública y quedaron bajo la lupa.
Más allá de lo que se detectó en el sistema de recaudación que funcionaba en el Ministerio de Planificación, Bonadio entendió que había una nueva causa, anexa, que había que investigar y pidió informes quiénes eran las autoridades de 71 empresas que hicieron negocios con obra pública durante los años 2003 a 2015, es decir mientras gobernó el kirchnerismo. En enero también hubo pedidos de informes, con ordenes de presentación, a todas las empresas sospechadas.
Con esa información, Bonadio activó ahora las citaciones a indagatorias: no solo tendrán que volver a tribunales muchos de los empresarios ya procesados en el caso de los cuadernos, sino también Cristina Kirchner, De Vido y otros funcionarios.
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