Los detalles del nuevo decreto de extinción de dominio y cómo se gestó políticamente

La semana pasada, en el estudio de Infobae, Elisa Carrió, la aliada de Mauricio Macri que no siempre está en sintonía con el jefe de Estado, dijo: "Le pedí al Presidente el decreto en diciembre y no salió, ojalá lo firme ahora". Desde entonces, y según consultas que realizó este medio, el borrador comenzó a moverse la semana pasada en los despachos que se encargaron de la redacción del decreto.

Si bien en los ministerios de Justicia y Seguridad desconocían los tiempos de Macri, desempolvaron el texto preliminar que finalmente este lunes firmó el Presidente y minutos después del anuncio llegaron las felicitaciones del espacio de Carrió: "La Coalición Cívica celebra el anuncio. Es una herramienta fundamental que vamos a tener los argentinos para recuperar lo que nos robaron y hoy nos falta en infraestructura, escuelas y vivienda".

Luego del comunicado del partido Carrió publicó un mensaje directo al jefe de Estado: "Aplausos para el presidente Mauricio Macri, por la extinción de dominio. #RecuperarLoRobado".

A partir de la publicación del DNU, la Justicia civil tendrá los elementos jurídicos para agilizar la extinción de la propiedad de los bienes de delincuentes investigados por narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo, trata de personas y demás delitos graves. Tendrá una retroactividad de 20 años.

El proceso civil se iniciará una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes. Para ello, se creará una fiscalía especializada que trabajará para determinar si el patrimonio de los delincuentes está constituido en forma ilícita. 

A tales efectos, se creará la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, "con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" graves especificados, según dirá el texto del DNU.

La tramitación civil del proceso es la clave del DNU que firmó el presidente Mauricio Macri, ya que acelera el trámite de la extinción de dominio en comparación con las herramientas con las que contaba el Estado hasta ahora.

No solo se tramitará en paralelo al proceso penal, sino que el juez civil podrá incautar los bienes y disponer de ellos si el imputado no logra demostrar que fueron adquiridos lícitamente, evitando las dilaciones de los procesos penales. En concreto: se invierte la carga de la prueba.

De todos modos, el proceso de extinción de dominio es un juicio a los bienes, para dictaminar la procedencia lícita o ilícita de los bienes, para lo cual es irrelevante la responsabilidad de las personas, no importa si es más o menos culpable, que se seguirá tramitando en sede penal.

Por cierto, el demandado gozará de todas las garantías para probar la legalidad de sus bienes, de acuerdo a las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la propiedad.

En efecto, la Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que "la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".

El DNU parte del supuesto de que "como todo derecho constitucional, el derecho de propiedad no es absoluto ni ilimitado", y "nadie tiene derecho de propiedad sobre un bien mal habido", dice un párrafo de los fundamentos del decreto que será oficializado en las próximas horas.

La retroactividad se estipulará en 20 años. Es decir, se investigarán los bienes adquiridos en forma ilegal desde el presente hasta 20 años atrás para que la Justicia dictamine, posteriormente, si efectivamente fueron comprados con fondos provenientes de la corrupción o el crimen organizado.

Frente a la posibilidad de que en sede penal se dictamine que no se cometió delito, el Estado nacional dispondrá de un fondo de garantía para devolver lo incautado.

Otro detalle importante es que, a los fines de la aplicación de la ley, la sentencia no produce efectos retroactivos, sino que extingue el dominio hacia el futuro. Es decir, las ganancias que hubieran generado se extinguirán en el futuro, además de la extinción del dominio sobre el bien.

El régimen de extinción de dominio de la propiedad que se estipulará a partir del DNU utilizará los medios procesales existentes, "consolidados por el accionar judicial, de manera de promover rápidamente una administración de justicia eficaz", aseguran en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según datos de la Oficina Anticorrupción, la Justicia embargó 254.000.000 millones de pesos en causas vinculadas a la corrupción. Con la ley antimafia, Italia recuperó 30.000 inmuebles, 7.000 campos, 4.000 millones de euros en efectivo y títulos, entre muchos otros bienes como autos, aviones, barcos, etc. Por su lado, Colombia recuperó 333 millones de dólares del delito durante 2017 y a mediados del 2018 llevaba 2.223 millones de dólares y 21.000 activos recuperados.

La ministra Patricia Bullrich dijo que con la ley actual se recuperaron 23.000 millones de pesos del narcotráfico. "Imagínense lo que podremos recuperar a partir del DNU", dijo hoy en diálogo con los periodistas de Casa Rosada.