La familia de Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, complicada en la investigación por coimas en el soterramiento del Sarmiento

En casi todos los casos judiciales en los que Ricardo Jaime está imputado, condenado o por ir a juicio oral y público aparece también Manuel Vázquez, testaferro y hacedor de negocios sucios de quien fuera el secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

Y como Jaime está investigado en el caso en el que se trata de determinar si se pagaron coimas por la construcción del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, Vázquez también lo está. Pero en este caso imputaron además a la esposa de Vázquez y a dos de sus hijos.

El ex funcionario y su testaferro están detenidos desde abril de 2016 por el caso de corrupción iniciado por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, cuyo juicio comenzará en unos meses. El ex secretario de Transporte se encuentra en la cárcel de Ezeiza; en tanto, Vázquez cumple prisión domiciliaria.

Vázquez declaró en indagatoria ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investiga el pago de coimas por parte de la compañía brasileña Odebrecht y sus socias argentinas (Iecsa, Ghella y Comsa) para la realización de la megaobra del ferrocarril Sarmiento.

Fue indagado porque en el Caso Odebrecht-Soterramiento se investigan los pagos de la empresa IECSA -cuando era de la familia Macri- a la firma Controles y Auditorías Especiales de Argentina (CAESA) vinculada a Vázquez. El manejo de CAESA -una consultora sin personal para hacer las consultorías que vendía por montos elevados- quedó demostrado en 2010 cuando se difundieron los mails hallados en las computadoras de Vázquez.

Allí había contratos de consultoría y facturas hechas por CAESA y pagos recibidos por Vázquez –algunos de ellos en cuentas en el exterior- como contraprestación de los convenios. Si bien la maquinaria judicial del kirchnerismo anuló los mails como prueba, el manejo de CAESA por parte de Vázquez ha quedado demostrado. Por ejemplo, en la causa por enriquecimiento ilícito contra Jaime se comprobó que su testaferro manejaba CAESA aunque no figurara en los papeles.

Picardi, el fiscal del caso del soterramiento, sospecha que los desembolsos de Iecsa y Comsa a CAESA fueron la antesala de las millonarias coimas que Odebrecht admitió en Brasil haber pagado a funcionarios del kirchnerismo para obtener el millonario contrato. CAESA les facturó durante años a muchas de las empresas que hicieron negocios a partir de decisiones de Jaime, entre las que estaban las del soterramiento.

En su indagatoria Vázquez negó tener relación con CAESA y le cargó la culpa de las decisiones a Ignacio Julián Soba Rojo, un nonagenario al que Vázquez puso al frente de su consultora porque él mismo –antes de armar dúo con Jaime– había sido condenado en dos ocasiones por estafas y no podía inscribirse como presidente de una sociedad. En el escrito presentado en su indagatoria –al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales–, Vázquez negó haber hecho negocios con empresarios relacionados con Jaime. Y tampoco admitió –debido a una formalidad ocurrida con su designación– haber sido asesor de Jaime.

A pesar de que Vázquez dijo no tener relación con CAESA, sus hijos Julián y Mariano figuran en el estatuto original de la firma. Mariano no tiene relación laboral con su padre ya que desde hace años trabaja en diferentes lugares: actualmente lo hace en Medical Flow Solutions. En cambio Julián (que deberá ir a juicio junto a su padre como testaferro de Jaime) fue cadete de CAESA mientras alterna con sus labores como asistente de cuidadores de caballos en el Hipódromo de San Isidro. Ambos señalaron que tan solo fueron "componentes estatutarios" de CAESA y le endilgaron a Soba Rojo la responsabilidad del manejo de la firma.

Si bien Vázquez dijo no tener vinculación con CAESA, su esposa Marta Margarita Domínguez fue empleada y apoderada de la firma para realizar trámites bancarios. Ella también se presentó a declarar porque para el fiscal Picardi está involucrada en el entramado del caso del soterramiento. Obviamente negó tener responsabilidad alguna en el manejo de los negocios de CAESA y señaló a SOBA Rojo como el responsable de las decisiones empresariales.

Manuel, Julián y Mariano Vázquez presentaron un escrito y se negaron a responder preguntas. Lo mismo hizo Domínguez. Los cuatro escritos tienen la misma tipografía, una organización similar y están firmados por la misma abogada que los defiende a todos: Karin Perera Godoy.

Lo curioso es que esa abogada es la que también representa a Soba Rojo, quien en el escrito que presentó en su indagatoria contradijo los argumentos de la familia Vázquez. Si bien admitió haber contratado tanto a Domínguez como a Julián Vázquez, señaló que no tenían injerencia alguna en los negocios de CAESA. Dijo algo similar para desvincular de la maniobra de Mariano Vázquez.

En cambio, responsabilizó de la operatoria por la cual fue indagado a Vázquez y dijo que tuvo un "trato único y exclusivo con el Sr. Manuel Vázquez, de quien recibía órdenes y directivas sobre las facturaciones a realizar y/o a confeccionar producto de los pagos por las prestaciones de servicio que efectuaba CAESA con los clientes que el Sr. Manuel regenteaba". Soba Rojo señaló: "Recuerdo que el Sr. Manuel siempre concretaba las entrevistas o reuniones con empresarios en un hotel, por lo tanto desconocía quien suscribe, del verdadero o legítimo asesoramiento empresarial o comercial que ejecutaba el Sr. Manuel Vázquez, yo solo siempre me limité a recibir directivas y ordenes de Manuel".

"Por último –agregó Soba Rojo- corresponde mencionar que directa o indirectamente y en función de los delitos que se me imputan, quien depone fue para aquel entonces el responsable de impartir órdenes, tomar decisiones comerciales y ejecutar las facturaciones, esto siempre bajo el pedido y directivas que impartía sobre mi persona por parte del Sr. Manuel Vázquez".

Soba Rojo negó la acusación en su contra y al finalizar el escrito explicó: "… si bien fui el presidente de CAESA, lo cierto es que el Sr. Manuel Vázquez fue el hombre encargado de ejecutar, cobrar o transferir las sumas dinerarias que este pactaba, consecuentemente debo decir que jamás ningún empresario o funcionario del estado concurrió de forma accidental o circunstancial a las oficinas comerciales de CAESA, conforme a ello, quien suscribe y los mencionados en la presente declaración nunca tuvimos conocimiento de los negocios o tratos que pudiera o realizaba el Sr. Manuel Vázquez con los empresarios por los cuales me requería la confección de las facturas en crisis".

En las indagatorias se puede no decir la verdad. Y en los casos de la familia Vázquez y Soba Rojo quedó expuesto que alguien miente. Será por eso que el testimonio de Vázquez no fue aceptado por el fiscal Picardi cuando en los últimos días de 2018 se presentó a declarar como arrepentido.