El Senado convirtió en ley el proyecto que busca urbanizar 4.416 villas, asentamientos y barrios populares de todo el país que tenía media sanción en la Cámara de Diputados. La Cámara alta lo aprobó por 56 votos a favor y 4 en contra.
La iniciativa se votó sin debate, algo que propuso Miguel Ángel Pichetto. Esteban Bullrich y Pedro Braillard Poccard, de Cambiemos, se opusieron: "El tema lo ameritaba. Hay 935 mil familias que por primera vez van a poder decir 'somos dueñas de nuestro hogar'".
Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez destacó que la la norma "implica tener el papel que les dice que esa casa que construyeron con tanto esfuerzo y sacrificio es la puerta a derechos básicos que durante años se han visto negados".
La ley, realizada en conjunto con las organizaciones sociales, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los terrenos ocupados fiscales (nacionales y municipales) y privadas. A partir de esto, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la aplicación de la ley, comenzará, en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a titular las tierras a favor de las familias que viven allí. En estos barrios viven más de 4 millones de personas.
Hay un paso que ya se realizó: con el relevamiento, cada grupo familiar obtuvo un certificado de vivienda que les dio la posibilidad, por primera vez, de tener un domicilio fijo para realizar trámites ante la Anses y otros organismos, solicitar conexión a servicios, CUIT o CUIL , entre otras cosas.
Entre todas las villas relevadas alcanzan una superficie de más de 450 kilómetros cuadrados (más del doble de la ciudad de Buenos Aires) y del 70% del que se tiene conocimiento, el 62% es de propiedad privada. Proyectado, esto equivale al 42% del total.
Otro punto clave es que suspende los desalojos por cuatro años, garantizando así a las familias la permanencia en los asentamientos. Los números de las tierras son alarmantes: el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente, el 98,81% no tiene cloacas, el 70,69% carece de energía eléctrica y el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Para el financiamiento de toda esta tarea, que desde el Gobierno adelantaron que tardará varios años, se creará un fideicomiso que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Estará habilitado a tomar deuda con organismo internacionales o recibir inversión privada. A su vez, tendrá asegurado una partida presupuestaria del Tesoro de la Nación.
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