Reabren una causa por enriquecimiento ilícito de Carlos Menem, Cecilia Bolocco y el padre de Leonardo Fariña

El foco está puesto sobre un departamento de la avenida Libertador, en el que vivió Karina Jelinek y que apareció en la causa de la "ruta del dinero K"

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El senador y ex presidente Carlos Menem (Patricio Murphy)
El senador y ex presidente Carlos Menem (Patricio Murphy)

A los 88 años y con sus fueros indemnes como senador, Carlos Menem tiene sobre sus hombro dos condenas (no firmes) por el contrabando de armas y el pago de sobresueldos y dos juicios orales en proceso -uno por el encubrimiento en la causa AMIA y otro por la venta del predio de la Rural-. Pero el ex Presidente acaba de sumar un nuevo problema en Comodoro Py 2002. La Cámara Federal ordenó profundizar una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, que salpica también penalmente a su ex esposa, la conductora chilena Cecilia Bolocco, a su amigo Armando Gostanian y al padre de Leonardo Fariña, entre otros.

La jueza María Servini había ordenado archivar la causa al desvincular a Menem de las sospechas, pero el fiscal Jorge Di Lello apeló y la Cámara Federal le dio ahora la razón y ordenó impulsar la causa con más medidas de prueba. Según pudo saber Infobae, el fiscal reclamó un peritaje contable para saber si Cecilia Bolocco, Gostanian o el padre de Fariña tenían dinero para comprar una firma involucrada en las maniobras. Y también pidió llamar a declarar como testigo a Karina Jelinek, la ex mujer de Fariña.

La causa se centra en un lujoso departamento en el piso 23 en un edificio de la avenida del Libertador 2423, de la Capital, el escenario elegido por Jelinek para posar ante las revistas del corazón cuando todavía vivía su idilio con el joven y exitoso aspirante a contador. Eran tiempos del gobierno kirchnerista y todavía Leonardo Fariña no era un arrepentido, sino el protagonista de un informe en Periodismo para Todos en donde se lo veía hablando, con cámara oculta, del lavado de dinero que hizo para Lázaro Báez. En aquel momento se desmentía a sí mismo diciendo: "A Lanata le di ficción".

En los inicios de la causa por la ruta del dinero k que en octubre llegará a juicio oral con Lázaro Báez y sus hijos sentados en el banquillo de los acusados, el juez Sebastián Casanello llamó a indagatoria a Fariña y a Federico Elaskar por lavado de dinero. En 2014 los procesó y allí Casanello aseguró que Fariña "habría utilizado desde abril de 2011 hasta agosto del 2012, y posteriormente adquirido –por interpósitas personas-, en septiembre de 2012, cuento menos el 70% de un departamento ubicado en la Av. del Libertador 2423, piso 23, disimulando la titularidad del bien y aplicando para ello fondos presumiblemente de origen delictivo, a través de la adquisición de una parte del paquete accionario de la sociedad anónima propietaria del bien inmueble, llamada 'Diego S.A.´".

Cuando el juez ordenó el embargo del departamento, Jelinek salió a lamentarse por la pérdida del inmueble. "Yo creía que era de mi ex y él me lo había regalado. Pero no tengo los papeles. El me dijo que lo recibió en forma de pago por un negocio…dijo que valía más de 1.200.000 dólares. A pesar de que era un regalo, me dijo que lo puso a nombre de una sociedad Diego S.A". Y agregó: "El departamento no sé si es de Menem, de Bolocco o de Fariña".

Leonardo Fariña y Karina Jelinek
Leonardo Fariña y Karina Jelinek

De la tapa de las revistas a los tribunales

Pero el escándalo del departamento se transformó en una causa penal. En junio de 2015, el entonces diputado Manuel Garrido radicó una denuncia pidiendo investigar al ex presidente Menem por "enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión maliciosa". Según denunció, además de Menem debía investigarse a Cecilia Bolocco, Armando Gostanian –ex jefe de la Casa de la Moneda en épocas menemista que fue condenado por peculado en 2015 y por ahora inimputable- y a Jorge Fariña –padre de Leonardo-, junto a Horacio Torre, Carlos Alduncin y Victor Gorini. Todos ellos, dijo, podrían haber participado en "maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

Las sospechas de Garrido estaban atadas a una resolución de Casanello. Al investigar el origen de la sociedad "Diego SA", saltaron las sospechas sobre el ex presidente. Después de ver eso, Garrido denunció que "no surge de los hechos ni de la documentación referida al inmueble que éste haya pertenecido alguna vez a Carlos Saúl Menem" y tampoco que "en las declaraciones juradas del Dr. Menem, éste hubiese declarado el inmueble como parte de su patrimonio".

Según la denuncia, Gostanian habría actuado como "interpósita" persona para ocultar la titularidad del bien mientras que los demás deberían haber sabido el origen ilícito cuando lo adquirieron en 2012 "el capital social de la firma Diego SA a la Sra. Bolocco".

Gostanian fue una pieza clave en el entorno de Menem. Conocido en los 90 con el apodo de "Gordo Bolú", el amigo de Menem fue presidente de la Casa de la Moneda y quien lo alojó en su casa cuando al ex presidente le ordenaron una prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que había vendido armas a Croacia y Ecuador. Esa causa fue luego desactivada por la Corte Suprema, pero en el tiempo que estuvo preso –apenas unos días después de haberse casado con Bolocco- Gostanian los albergó en su casa quinta de Don Torcuato para que el ex Presidente cumpliera el arresto domiciliario.

Armando Gostanian
Armando Gostanian

Hogar dulce hogar

Antes de que llegaran Fariña y Jelinek, el departamento había estado por largo tiempo desocupado. Pero el portero del edificio contó en la causa que estaba acostumbrado a los personajes famosos. En el piso 22 vivía Armando Gostanian y en el piso 15 vivió una de sus hijas. Antes, la habitante de ese departamento había sido la primera esposa de Menem, Zulema Yoma, según pudo saber Infobae.

En su momento, en la indagatoria ante Casanello, Fariña había explicado que era un inquilino en ese departamento y dio una versión que ligaba ese departamento con Menem y su ex esposa chilena. Según dijo, el departamento "le fue entregado a la señora Cecilia Bolocco, por el señor Carlos Saúl Menem, como parte de su acuerdo de disolución conyugal", pero Bolocco decidió en 2012 "poner en venta la sociedad o el inmueble" y ahí compraron las acciones de la sociedad Diego SA cuatro personas, entre ellos su padre. Jorge Fariña era dueño del 70 por ciento accionario, junto a Torre con el 20 por ciento y Alduncin y Gorini con el 5 por ciento de las acciones cada uno.

Según se determinó en la causa, la empresa "Diego SA" había sido constituida en 1981, pero entre 2002 y 2005 el titular del directorio y accionista fue Gostanian. Y "en el año 2006 aparece Cecilia Bolocco Fonck como directora, con inicio de mandato a partir del 26/12/06. "Con posterioridad a esto no hay ninguna otra información respecto de Diego SA como contribuyente", declaró Carlos María Bo, Supervisor de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP. El testigo dijo que "en los registros de la AFIP no aparece vinculado Menem con la firma".

El archivo de Servini

En mayo, la jueza María Servini dictó el sobreseimiento de los imputados y ordenó su archivo. "No surge siquiera indicio alguno que permita sostener que el departamento de la Avenida Libertador 2423 piso 23 haya sido propiedad del ex presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem", dijo la magistrada. Señaló además, que desde que se efectuara la compra en el año 1991, el inmueble figura a nombre de la empresa "Diego SA" y que los cambios de propietario tuvieron lugar a través de la transmisión del paquete accionario de la sociedad, "cuyo único activo es dicho departamento".

Cecilia Bolocco
Cecilia Bolocco

Tras destacar las alusiones de Fariña por considerarlas "genéricas" e "insuficientes", la jueza también destacó las explicaciones del abogado de Bolocco que resaltó que "el proceso de divorcio data del año 2011" y "no hubo ningún acuerdo de reparto de bienes". Para Servini, ninguna de las pruebas del sumario "ubican al Sr. Menem cerca de la titularidad del departamento en cuestión".

El fiscal apeló y ganó

Pero el fiscal Jorge Di Lello apeló por entender que la decisión era prematura y que había medidas pendientes. La decisión "pone fin al proceso con respecto a los nombrados y marca un cese de la investigación en cuanto al resto de los imputados, causando gravamen irreparable a esta parte en su carácter de titular de la acción pública y representante de los intereses generales de la sociedad, ya que por las consideraciones que seguidamente se enunciarán, deviene ineludible la realización de otras diligencias", dijo el fiscal.

Según dijo, la tenencia de Bolocco de la firma tuvo lugar en 2006, "mientras Bolocco y Menem aún mantenían vínculo matrimonial (pese a que habrían estado separados de hecho)" por lo que "resulta menester ahondar la investigación". Di Lello también pidió información patrimonial de Bolocco, Gostanian y Fariña padre. El fiscal pidió "establecer el origen del dinero con el cual dicha operativa se llevó a cabo" y también quién pagó las expensas desde 1989 hasta ahora.

En un fallo al que accedió Infobae, la Cámara Federal le dio la razón y dispuso que la investigación siga profundizándose. "Compartimos la necesidad de profundizar la pesquisa en el sentido indicado en oportunidad de manifestar su voluntad recursiva, toda vez que las medidas probatorias allí indicadas podrían esclareces los extremos oportunamente denunciados", dijeron Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

Para ellos, las pruebas de la causa "impiden afirmar con certeza" que Menem no tuvo vinculación con el departamento, como dijo Bolocco y la jueza. "Los sucesos denunciados ameritan un tratamiento más profundo que permita descartar de forma contundente la hipótesis analizada en autos, habremos de revocar la decisión impugnada, debiendo la señora juez de la anterior instancia profundizar la investigación en el sentido indicado", se señaló. Ahora, Servini entonces delegó la investigación en Di Lello, algo que también fue apelado, reeditando una vieja pelea entre los jueces y los fiscales sobre el momento en que los magistrados se desprenden del impulso de una causa para dejarla en manos del Ministerio Público.