Ricardo Lorenzetti dejará la presidencia de la Corte con más de 26 mil millones de pesos de reservas

El próximo Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá la institución con mayor solidez financiera y económica del país. Así se desprende del informe de gestión que elaboró la Secretaría General de Administración del Máximo Tribunal. Desde el año 2008 se vienen aplicando en la Corte criterios de administración basados en los principios de responsabilidad fiscal.

El sucesor de Ricardo Lorenzetti en la Presidencia de la Corte, Carlos Rosenkrantz recibirá una institución con más de 26 mil millones de pesos de reservas. Este monto está constituido por 17.620 millones correspondientes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros 8 mil millones de pesos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. La mayor parte de estos fondos -un 90 por ciento- está colocado a plazo fijo en el Banco Ciudad y en el Banco Nación y el resto en cuentas bancarias.

Todos estos recursos están invertidos dando origen a dos fondos anticíclicos, uno de la Corte y otro de la Obra Social. Esta modalidad de administración de las reservas permitió resguardar el dinero y generar nuevos recursos a través del rendimiento de esas inversiones. Dicho de otra manera, el dinero que fue ahorrando la Corte se colocó en plazos fijos que generaron intereses dando lugar a nuevos recursos que el tribunal no tenía.

En diez años la administración de la Corte duplicó la recaudación con nuevos recursos. En 2008, los ingresos y egresos estaban nivelados, en la actualidad los recursos que ingresan al tribunal son el doble que lo que se gasta.

Por mes, el Máximo Tribunal tiene ingresos por unos 800 millones de pesos y gastos por 400, y el ahorro obtenido pasa a engrosar el fondo anticíclico, que al estar invertido genera nuevos recursos por los intereses que va obteniendo. Antes de 2008, esos 400 millones extra no los tenía la Corte porque gastaba todo el dinero que ingresaba.

Desde 2008 la planta de personal no aumentó permitiendo también un importante ahorro en ese rubro que en términos de gastos representa el 95 por ciento. Hace 10 años la planta de personal ocupada era del 77 por ciento mientras que este año es de 56 por ciento. De los 4.732 cargos aprobados por la ley de presupuesto para 2018, la Corte sólo ocupó 2.663, es decir, el nuevo Presidente va a recibir, además de los 26 mil millones de reservas, más de dos mil vacantes. Claro está que si hasta ahora la Corte funcionó muy bien sin esos dos mil nuevos cargos, la prudencia y el sentido común indicarían que no sería necesario incorporar más personal pese a que está autorizado por la ley de presupuesto.

Sin embargo, este ahorro en cantidad de personal no fue en desmedro de los sueldos de los trabajadores que fueron ajustados para que no perdieran poder adquisitivo por efecto de la inflación.

A partir de 2008, también la actual administración de la Corte inició una tarea de recupero de recursos a través del cobro del "spread bancario" que es un dinero que pagan los bancos por los depósitos judiciales que hasta ese momento no recaudaba el Máximo Tribunal

Al día de hoy, la Corte tiene créditos a cobrar por más de 6 mil millones de pesos siendo su principal deudor el Consejo de la Magistratura que adeuda más de 3.800 millones de pesos. La mayor parte de esa obligación corresponde a recursos no depositados al Máximo Tribunal por las oficinas transferidas (Mandamientos, Notificaciones, Archivo, Subastas y Cuerpo de Auditores Judiciales). Entre esa deuda también hay más de 810 millones de pesos que le adelantó la Corte al Consejo de la Magistratura para que pudiera pagar los sueldos en el año 2013.

Por otro lado, la Corte Suprema no tiene deudas vencidas ni tampoco solicitó aportes al Tesoro Nacional desde 2008 a la fecha aunque tiene facultades para hacerlo. Durante esta gestión se registraron más de 10 años con superávits mensuales financieros consecutivos.

Un dato que muestra la política de austeridad implementada durante los últimos 10 años es el límite de autorización de gastos que tienen los funcionarios. La Dirección de Administración puede autorizar gastos hasta 40 mil pesos, la Secretaría General de Administración hasta 60 mil pesos y el Presidente de la Corte hasta un millón de pesos, si la cifra es mayor la autorización es firmada por el tribunal.

En resumen, el próximo Presidente de la Corte recibirá una institución con 26 mil millones de pesos de reservas, con inversiones que generan intereses, sin deudas y con menos empleados que los autorizados por la ley de presupuesto.