La Cámara Federal le ordenó al juez Rafecas avanzar en una causa contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal le ordenó este lunes al juez Daniel Rafecas avanzar en la investigación que busca establecer si la ex presidenta Cristina Kirchner es dueña del Hotel Waldorf, usando como testaferro al empresario Osvaldo Sanfelice.

Se trata de la causa donde la hipótesis central es que si Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria en el sur, compró en 2009 el hotel 'Waldorf', de esta ciudad, como "prestanombre" de los verdaderos propietarios, el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner y/o su hijo Máximo.

En la denuncia se sostiene que el ex presidente Kirchner sacó en 2009 de su cuenta corriente del Banco de Santa Cruz, sucursal Rio Gallegos, más de $3,5 millones justo al mismo tiempo en que se vendía el hotel porteño, que compró el socio de su hijo Máximo, Osvaldo "Bochi" Sanfelice.

La sospecha de los investigadores de Comodoro Py es que la familia ex presidencial habría usado la actividad de hotel como pantalla para disimular ingresos que provenían de delitos. Y subrayan que ese emprendimiento ubicado en el Microcentro facturó muchas habitaciones, por mucho tiempo, a empresas ligadas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y a la firma brasileña Odebrecht. Así lo señaló en su voto el camarista Martín Irurzun.

Un detalle no menor: Báez y López ya están procesados y a punto de ir a juicio por haber alquilado propiedades de la familia Kirchner en la causa Los Sauces, en lo que se interpreta que fue una suerte de "retorno" a las obras públicas y concesiones que se les daba desde la gestión K. Además, el fallo le ordenó a Rafecas mirar las prácticas de ese expediente, de la ruta del dinero K y del caso Hotesur.

La intervención de la Cámara Federal en el caso Waldorf se disparó por un planteo de Sanfelice en donde se cuestionaba el papel de "amicus curae" en la causa de la ex diputada Margarita Stolbizer, promotora de la denuncia penal.

"Stolbizer no es parte en la instrucción; su acceso a las evidencias y el aporte que pudiera efectuar se encuentra siempre supeditado a la evaluación que sobre su entidad y pertinencia efectúe el director del proceso", dijo Iruzun. Su colega, Leopoldo Bruglia, coincidió con esa postura.

Pero Irurzun aprovechó para marcar los lineamientos del expediente, al enviar un mensaje al juez Rafecas y la fiscal Paloma Ochoa diciendo que "hay mucho que se ha dejado de lado en esta causa".

"Hoy la causa tiene más de veinte cuerpos de hojas y otras tantas reservadas con su documentación. Pero lo cuantitativo dice poco de lo cualitativo de la totalidad de su contenido, o de la corrección de la línea de investigación que llevó a obtenerlo. Radica allí el problema", disparó.

Según el juez, lo hecho hasta ahora en la causa es poco y llamó a dictar medidas cautelares sin "perder de vista que aquí se ha puesto el foco sobre bienes de valor que presuntamente fueron adquiridos con el producido de delitos y luego usados para dar curso a una actividad tendiente a disimular el origen de otros activos que tendrían procedencia ilícita".

"No hace falta mucho esfuerzo para darse cuenta que hay –de sobra- elementos en común y puntos de contacto con otras investigaciones en que se han tenido a priori por corroborados cargos que involucran operaciones muy similares, con iguales actores que habrían cumplido roles análogos en las maniobras", escribió.

Y sostuvo que el juez Rafecas "ha ordenado innumerables medidas a concretarse en juzgados de muchas y variadas competencias territoriales, ha colectado cantidad de papeles que hacen a declaraciones y documentación registral de las firmas involucradas y ha encomendado a principios de este año a la Prefectura la realización de un peritaje contable que hoy no se sabe en qué está", mientras que que !a todo esto, la participación en la instrucción de la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa ha sido meramente formal". "En un contexto así -añadió-, caben reflexiones sobre lo que se omitió realizar previamente y sobre lo que debería procurarse hacer a futuro".

Por su parte, Bruglia sostuvo que "corresponde extremar los esfuerzos para darle premura a este proceso, evitando llevar a cabo medidas de pruebas ya contenidas en otros procesos donde se investigan hechos con elementos comunes al presente". Y coincidió en que "a los fines de resguardar los bienes que podrían constituir el producido del presunto ilícito, debe evaluarse la pertinencia de adoptar medida cautelares".

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