El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia contra el juez federal Ariel Lijo

El Consejo de la Magistratura aprobó casi por unanimidad desestimar un dictamen acusatorio que se había abierto contra el juez federal Ariel Lijo.

El propio presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Pablo Tonelli, que había impulsado en primera instancia la denuncia, se pronunció a favor de cerrar el caso.

El único integrante del cuerpo que votó en contra fue el diputado ultrakirchnerista y ex miembro de los servicios de inteligencia durante el gobierno anterior Rodolfo Tailhade, quien protagonizó un cruce con Tonelli en la sesión que se realizó este jueves.

Diez de los trece consejeros consideraron que no hay pruebas ni elementos para avanzar con un proceso de remoción ni aplicar una sanción disciplinaria al juez. Mario Negri y Gabriela Vázquez estuvieron ausentes. 

Las actuaciones se habían abierto a raíz de declaraciones de la ex cuñada de María Carla Lago, ex esposa del hermano del juez, Alfredo Lijo. Al exponer en el proceso de remoción de Eduardo Freiler dijo el magistrado estaba vinculado a una sociedad que administraba un haras ("La Generación"). Esa supuesta participación no figuraba en ninguna de las declaraciones juradas que había presentado el juez.

Tras un exhaustivo proceso en el que se solicitaron informes a distintas entidades públicas y privadas, no se pudo constatar vínculo alguno entre Ariel Lijo y el haras.

El caso incluyó pedidos de informes a Dolores -localidad donde se encuentra el emprendimiento-, a la Comisión del Stud Book del Jockey Club Argentino, al Hipódromo provincial de La Plata, al Hipódromo de Palermo, al Hipódromo de San Isidro y al Hipódromo de Dolores. Todos los entes consultados aseguraron que el haras es propiedad de Alfredo Lijo y no de Ariel, como se pretendía comprobar.

Tampoco se pudo constatar relación alguna entre las cuentas bancarias del letrado y los movimientos financieros de "La Generación".

En junio de 2014, Lijo fue el juez que por primera vez en la historia de la Argentina procesó a un vicepresidente en funciones por delitos de corrupción. En un escrito de 333 carillas, dispuso el procesamiento de Amado Boudou en la causa Ciccone por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. En noviembre de 2017, también fue Lijo el juez que ordenó la detención de Boudou por lavado de dinero.

El dictamen completo de desestimación