La titular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, se reunió hoy a las 9 con el juez Claudio Bonadio para ofrecer colaboración de su equipo de investigación en la causa de los ocho cuadernos que relatan diez años de coimas.
En particular, uno de los detenidos es Carlos Mundin, presidente de la empresa BTU, que fue denunciado por la OA por haber sido beneficiario de la firma de un contrato que ganó sin licitación, que fue refrendado por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, para realizar un gasoducto en Santa Cruz que saldría 218 millones de dólares.
El 2 de diciembre de 2015, es decir ocho días antes de entregar el poder a Cambiemos, se le entregó a BTU un adelanto de 70 millones de dólares sin ninguna certificación de avance de la obra que, en rigor, aún no comenzó. El sucesor en el área, Juan José Aranguren, no se hizo cargo de pagarle el resto.
Por ese contrato irregular, Alonso denunció ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, que también firmó el contrato, y a los ex secretarios de Energía, Daniel Cameron y Mariana Matranga. También al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin.
La denuncia de ese verdadero "gasoducto fantasma" quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, fiscalía de Ramiro González, pero Alonso cree que tiene información suficiente para cruzar con la información a la que accedió Bonadio sobre el pago de las coimas, lo que facilitaría la investigación probatoria.
En Córdoba, Alonso ayer participó en una jornada sobre Transparencia y Proyectos de Participación Público Privada (PPP) organizada por AmCham y la Bolsa de Comercio cordobesa, donde había importantes empresarios de la construcción, como Juan Chediek.
En su presentación, la titular de la OA criticó a las organizaciones empresarias que no denunciaron casos de corrupción. "Hay que entender que los empresarios tienen una responsabilidad en la corrupción, que es parte de su agenda como la responsabilidad ambiental, la laboral o la de género. No todo es responsabilidad del sector público" y promovió que se realicen acciones colectivas en el sector privado para "protegerse de la corrupción, para decir lo que está mal y no dejar solo al empresario que está siendo presionado" para que pague coimas.
Trascendió que allí les pidió que se involucren en las causas sobre corrupción que se están ventilando en este momento y promuevan un proceso de transparencia interna como ella mismo propuso en la reunión anual que se realizó el año pasado de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y que luego fue congelado.
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