Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, y Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina, presidieron la firma de un Memorando de Entendimiento para la creación de un centro de la Academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros en Buenos Aires, Argentina.
"La creación de la Academia Latinoamericana de la OCDE en Buenos Aires para formar a los inspectores en la utilización de las técnicas más novedosas para evitar, detectar y enjuiciar los delitos financieros como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la corrupciónreforzará la capacidad de Latinoamérica para hacer frente a esos delitos", declaró Gurría. Y agregó: "Estamos muy agradecidos con las autoridades argentinas por apoyar esta iniciativa".
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La firma, que tuvo lugar en paralelo a la reunión de los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Buenos Aires, ha supuesto la creación de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, con sede en las instalaciones de la Administración General de Ingresos Públicos de Argentina.
La nueva Academia impartirá cursos intensivos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a inspectores de delitos fiscales y otros funcionarios adscritos a la administración de justicia del ramo, incluidos fiscales y funcionarios encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, especialmente de países latinoamericanos, que servirán de apoyo a los inspectores de delitos fiscales a lo largo de sus carreras profesionales.
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Se incluirán cursos generales sobre práctica y gestión de investigaciones financieras, así como cursos especializados sobre tipos concretos de delitos fiscales y financieros, como los relacionados con las criptomonedas, el blanqueo de capitales o la defraudación del IVA.
La OCDE recordó que los flujos financieros ilícitos, incluida la evasión fiscal y otros delitos financieros, suponen un enorme costo para los presupuestos estatales y ponen en riesgo los intereses estratégicos, políticos y económicos de todos los países, lo que tiene efectos particularmente negativos para los países en desarrollo.
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Y advirtió que estas actividades "prosperan en un ambiente de secretismo, marcos jurídicos inadecuados, normativa laxa, débiles niveles de observancia y escasa cooperación interinstitucional".
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