Los funcionarios de este Gobierno y de los próximos que sean condenados por delitos de corrupción deberán enfrentar penas más duras

Los funcionarios del actual gobierno nacional de Mauricio Macri y de los que lo sucedan tendrán más penas que las actuales en el caso de que sean condenados por delitos de corrupción. Es porque el proyecto de reforma al Código Penal que el Presidente enviará este jueves al Congreso tendrá vigencia desde su sanción y no se aplicará para las causas ya iniciadas, por ejemplo a la ex presidente Cristina Kirchner y quienes la acompañaron en sus dos mandatos.

Eso ocurrirá por un principio de la ley penal: las normas no se aplican de manera retroactiva, salvo que sean más beneficiosas para los acusados. Y en este caso, el proyecto de reforma que elaboró una comisión especial no prevé disminuir las penas de prisión para los casos de corrupción.

Desde marzo del año pasado una comisión trabajó en la redacción de un nuevo Código Penal. Estuvo integrada por jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno y presidida por el magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky. El texto final ya lo tiene el ministro de Justicia, Germán Garavano, y junto con Macri anunciarán su envío al Parlamento para su tratamiento. La presentación estaba prevista para este jueves, pero ayer se anunció que fue postergada por la agenda del Presidente.

El proyecto realiza cambios a todos los delitos graves de crimen organizado y en especial para los casos de corrupción aumenta las penas. Acá las modificaciones más importantes:

. Los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho (pago y cobro de coimas) pasan a tener una pena de 4 a 12 años de prisión. Hoy el enriquecimiento tiene una condena de 1 a 6 años y el cohecho de 2 a 6. Con los cambios, las condenas son en todos los casos de cumplimiento efectivo.

. El actual Código Penal agrava la pena para el cohecho si lo comete un juez o un fiscal (de 4 a 12 años). El proyecto propone que también se eleve la pena para el presidente y vice de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, ministros o secretarios de Estado, gobernadores o vice y jefe de Gobierno o vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires; intendentes; y legisladores nacionales, provinciales o municipales. Es esos casos la pena será de 5 a 15 años de prisión.

. También se modifica el plazo por el cual se puede juzgar el enriquecimiento ilícito. Hoy es desde que el funcionario asume el cargo hasta dos años después de dejarlo. Se propone que sea desde que fue elegido en elecciones y hasta tres años posteriores a irse de la función.

. Incluye dos motivos nuevos para suspender la prescripción de una causa, es decir, el plazo que corre para dar por cerrado un expediente. Son si el acusado está prófugo o si tiene que ser extraditado de otro país.

. Propone que los bienes que un funcionario adquirió por la corrupción sean decomisados de manera definitiva antes de la condena penal. Hoy hay que esperar que la condena esté firme. Esto no solo se plantea aplicarlo para los casos de corrupción, sino también para los delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico y cualquiera vinculado al orden económico y financiero.

Estas reformas, y otras, llegarán al Congreso en los próximos días. Serán los legisladores los que las discutan si las aprueban y las convierten en ley. Si eso ocurre, serán las nuevas penas para los delitos de corrupción.

Pero no se podrán aplicar para los casos judiciales que ya se iniciaron. Tendrán vigencia desde que el nuevo Código Penal sea publicado en el Boletín Oficial. Así, solo se podrán aplicar para los hechos que ocurran de la sanción de la norma en adelante.

Un principio de la ley penal establece que la ley se aplica desde su sanción y no con retroactividad. La única excepción es que la nueva norma sea más beneficiosa que la que regía cuando se inició la causa. En ese caso se aplica la nueva. Eso fue lo que ocurrió con una de las causas en las que está procesado el empresario detenido Lázaro Báez.