
El oficialismo apostará este martes a convocar en el Senado a gobernadores y empresas distribuidoras de energía como última carta para impedir que la oposición apruebe en comisión el proyecto de ley que retrotrae los aumentos de tarifas de servicios públicos, que ya tiene media sanción de Diputados.
Los gobernadores invitados, cuya lista será difundida durante la tarde de hoy, asistirán al plenario de comisiones por iniciativa del bloque de senadores de Cambiemos que lidera Luis Naidenoff. Para el dirigente radical, en el texto aprobado por los diputados "hay una clara intromisión" en las atribuciones de las provincias.
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Previo a este encuentro, donde el peronismo y el kirchnerismo unidos buscarán firmar el dictamen del proyecto que retrotrae a noviembre pasado los aumentos en las tarifas de electricidad, agua potable y gas, los 25 senadores de Cambiemos recibirán hoy al ministro de Energía, Juan José Aranguren. El convite está previsto para las 19.
En esta reunión se podría coordinar una respuesta al pedido del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto para que el Gobierno plantee "una propuesta alternativa" a lo aprobado por la Cámara de Diputados. De todas formas, el Gobierno ratificó que recurrirá al veto si finalmente se aprueba la normativa tarifaria que impulsa la oposición.
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Por el lado de los gobernadodores, el peronista Juan Manuel Urtubey (Salta), propuso "federalizar la discusión" para que cada distrito se haga cargo de la negociación correspondiente. Además, señaló la necesidad de "bajar los costos de la generación" de energía con el fin de reducir los aumentos en las tarifas.
El gobernador de Córdoba, el también peronista Juan Schiaretti, avaló la posición del presidente Mauricio Macri y se pronunció en contra de que el Congreso legisle sobre tarifas, al entender que se trata de un tema que es "responsabilidad exclusiva del Gobierno".
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Otro gobernador peronista, el entrerriano Gustavo Bordet, aseguró que "hay ajustes que no pueden hacerse más, ni tarifarios ni sobre los salarios". Bordet rechazó "el ajuste" luego de reducir en un 50% el impuesto provincial en las facturas del servicio de electricidad.

El proyecto que impulsa el peronismo propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al primero de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios. El costo fiscal, según estudios preliminares de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ascendería a casi 80.000 millones de pesos menos tanto para las arcas nacionales y como las provinciales.
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Además de los gobernadores, los senadores escucharán mañana a los representantes de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y de las distribuidoras de energía provinciales.
La cita será a las 11 en un plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, que encabezará la senadora radical Olga Brizuela, seguida de su par de Cambiemos, Esteban Bullrich, y de Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino.
MENSAJES A LOS GOBERNADORES
Con la idea de renovar la presión sobre los gobernadores, ayer María Eugenia Vidal (Buenos Aires) instó a "todos los gobernadores y todos los intendentes" a "entender que para el que se levanta temprano a trabajar, no quiere más crisis y quiere un mejor futuro para sus hijos, para eso los dirigentes tenemos que hacer un mayor esfuerzo". "Espero que el Senado no apruebe la ley y que haya reflexión", aseguró en una entrevista con el periodista Luis Majul.
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El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró por su lado que el Ejecutivo busca "seguir dialogando con todos, intentando que este proyecto que no apoya prácticamente ningún gobernador, no termine convirtiéndose en ley, porque todos los gobernadores comparten la idea de que las legislaturas no tienen que meterse con el tema tarifas porque esta es una potestad de los poderes ejecutivos, a nivel nacional como a nivel de cada una de las jurisdicciones".
"La media sanción es un proyecto profundamente unitario, donde los únicos que recibirían la devolución de las tarifas cobradas desde noviembre del año pasado son los habitantes del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, con fondos que provienen de todo el país", concluyó.
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Por otro lado, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue más directo y, en declaraciones radiales, aseguró: "A los gobernadores no les podemos perdonar el doble discurso, piden plata y luego se quejan por las tarifas". Para el jefe comunal, esta actitud difiere "de aquellos que tienen templanza en los momentos difíciles. La gente nos pide que este esfuerzo no sea en balde, esa es la esperanza, y es muy pesada".
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