La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzó a analizar esta mañana el pedido de desafuero presentado por la Justicia contra la diputada radical Aída Ayala, en la causa donde se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Cerca de las diez de la mañana, la diputada y ex intendenta de Resistencia inició su defensa de las acusaciones que pesan en su contra. Los legisladores presentes, sin embargo, evitaron hoy firmar un dictamen de pronunciamiento acerca del pedido judicial, e indicaron que se expedirán en una próxima reunión sin fecha a definir.
Durante el debate, la funcionaria hizo referencia a las acusaciones como "falso de toda falsedad" y advirtió que nunca fue notificada formalmente por el pedido de desafuero.
"No soy la jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos años dedicados a distintos rubros (…) Esos empresarios están trabajando hoy bajo esa misma figura contractual con el intendente Jorge Capitanich y el gobierno provincial", afirmó la dirigente de Cambiemos ante la Comisión de Asuntos Institucionales.
Si bien el titular de la Comisión, Pablo Tonelli, citó a la comisión hoy a las 10 para debatir el pedido de desafuero presentado por el juzgado federal de primera instancia de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, el dictamen de ese cuerpo parlamentario podría demorarse al menos una semana.
El legislador de Cambiemos distribuyó entre todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales el expediente judicial enviado por la Justicia chaqueña, como así también documentación aportada por la diputada kirchnerista Analía Rach Quiroga, cercana a Jorge Capitanich, que agrega información sobre el tema.
El organismo legislativo volverá a reunirse en pocos días ya con el expediente leído y analizado para dictaminar, aunque el diputado Tonelli no dio precisiones sobre cuándo será esa reunión. "Vamos a hacer lo posible para que sea a la brevedad", señaló.
En tanto, Ayala profundizó su postura respecto a los hechos por los que se le acusa: "No soy rica ni lícita ni ilícitamente (…) También es falso el llamado de una licitación para una concesión de servicios. Esa concesión está prohibida por la Constitución del Chaco. Se trata de una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contenedores y una camioneta. Ese llamado a licitación se hizo en el año 2014 y se hizo bajo las normas vigentes, que permiten la contratación de equipos y no tiene que pasar por el consejo".
De todos modos, el oficialismo atribuye a una operación política del justicialismo provincial, comandado por el actual gobernador Domingo Peppo y el ex mandatario provincial Jorge Capitanich, la maniobra judicial para que la diputada radical no pueda competir por la gobernación de Chaco en 2019. Además, marca diferencias entre este caso y el del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuyo desafuero fue aprobado el 25 de octubre pasado por la Cámara baja.
Fuentes parlamentarias recordaron que mientras la imputación de De Vido "era fundada y además venía confirmada por la Cámara de Apelaciones, en este caso, todavía no podemos saber si es fundada y por otro lado aún la cámara no ha intervenido".
Por su parte, y en declaraciones a la prensa días atrás, Ayala insistió en su inocencia, atribuyó a "una maniobra política del kirchnerismo" el pedido de desafuero, y confirmó que se presentará ante la comisión de Asuntos Constitucionales para realizar su descargo y dar explicaciones en torno a la causa.
"Nos comprometimos a estar a derecho y así lo hicimos, anunciamos que nos íbamos a presentar y lo cumplimos. Tengo la plena confianza de que no es cierto de lo que se me acusa; estoy convencida de que la verdad siempre triunfa", dijo Ayala en un comunicado.
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La Justicia ordenó desaforar y detener a Aída Ayala, acusada de lavado de dinero
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