El Gobierno impulsa duras penas contra el terrorismo en el nuevo Código Penal

En medio de un mundo signado por los ataques terroristas impensados hasta hace una década y de grupos extremistas cada vez más extendidos en diferentes países, la Argentina se dispone a imponer un esquema diseñado para desterrar las células terroristas, aumentar penas para participantes de estas organizaciones, encarcelar a los que adoctrinen jóvenes para estos ataques y el seguimiento de aquellos que financien estos grupos.

El borrador del anteproyecto de una nueva normativa antiterrorista forma parte del compendio que se presentará en un mes bajo el nuevo Código Penal. "La ley antiterrorista del gobierno anterior era muy deficiente. Por eso estamos trabajando en una nueva normativa adecuada al mundo en que vivimos", dijo el ministro de Justicia Germán Garavano en diálogo con Infobae.

Bajo las directrices de Garavano y luego de un arduo debate con especialistas en terrorismo y juristas, la Comisión redactora del nuevo Código Penal acaba de elaborar un listado de normas para atacar el terrorismo. El borrador de esta iniciativa, al que tuvo acceso Infobae, se terminará de avalar el miércoles próximo por la comisión liderada por el juez Mariano Borinsky.

Entre los lineamientos centrales que se pensó en el nuevo Código Penal para los delitos de terrorismo figuran los siguientes temas:

Tipificación. El borrador sostiene que "se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden públicos, el orden económico y financiero, o informático, previsto en este Código o en Convenciones Internacionales". Esto siempre está previsto "cuando se lleve a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Escala penal. En los casos de penas divisibles, la escala penal del respectivo delito se elevará en el doble del mínimo y del máximo.

Asociación ilícita. Se impondrá prisión de 5 a 20 años al que "tomare parte en una asociación ilícita destinada a cometer los delitos de terrorismo". Para quienes promuevan, organicen o dirijan la asociación, el mínimo de la pena será de diez 10 años de prisión.

Capacitación y adoctrinamiento. Aquí aparece una pena nueva de 5 a 10 años para quienes con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos de terrorismo "recibiere adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de esos delitos".

A su vez, el borrador de esta iniciativa que cuenta con el aval del Gobierno, contempla igual pena a quien colabore con una asociación terrorista, se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. El máximo de la pena de 15 años de prisión se establecerá en este caso para el que reclutare o adoctrinare a otro para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo.

Ocultar a un terrorista. Si una persona resguarda a un terrorista el nuevo Código Penal contemplará 5 años de prisión.

Financiamiento. Las penas establecidas se aplicarán independientemente de que ocurra el ataque terrorista a quien financie o use bienes para estos grupos. "Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará la escala penal de ese delito", dice la normativa discutida la semana pasada.

También se aplicará esta pena a quienes financien estos grupos "fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado amenazado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento".

La Comisión que elaboró esta normativa para el nuevo Código Penal está presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky, acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer.

Para llevar adelante esta iniciativa en el capítulo dedicado a los delitos de terrorismo se debatió con especialistas internacionales, funcionarios del Ministerio de Seguridad, de Defensa, de la Agencia Federal de Inteligencia y de la Cancillería.

En el Gobierno hay preocupación por el avance de grupos terroristas en América Latina. La reciente detención de un yihadista en Colombia que tenía como destino argentina puso en alerta a los servicios de inteligencia. A esto se suman los informes de servicios secretos extranjeros que advierten sobre un mayor financiamiento de los carteles del narcotráfico con el terrorismo. Por ello, para la Casa Rosada será crucial la incorporación del capítulo antiterrorismo en el nuevo Código Penal. El ministro Garavano dio instrucciones para que el tema sea relevante.

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