El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de 17 empresarios por defraudación y sospechas de sobreprecios en obras para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.
La presentación fue realizada ante el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de una causa anexa a aquella en la que está detenido el ex ministro de planificación federal Julio De Vido, por los 26.000 millones de pesos que giró el Estado nacional para obras y donde se registró un desvío del orden de los 260 millones de pesos.
En su dictamen, el fiscal advirtió que "muchas de las obras diagramadas en el Complejo Minero no se completaron" y consideró que se conformó "un complejo y millonario plan criminal, del cual derivarían al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos".
En ese contexto, Stornelli pidió las indagatorias de los titulares de las empresas EDIMAT S. R. L., Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna; de D&D Marketing Comunicaciones, Alejandra Adriana de Alba; de Refugio Sur S. A., Néstor Daniel Moleres; de Reclimp S. R. L., Ana María Petri y Patricia Verónica Pizarro; del arquitecto Jorge Daniel de la Torre; del dueño de la Estancia Killik Aike, Roberto Fernández.
La lista de imputados también la conforman integrantes de la empresa G&G Metalmecánica S. R. L., el socio gerente Gabriel Asenjo; de Chimen Aike S. A., Rubén David Aranda; de la empresa KRK Latinoamericana S. A., Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla; de la empresa Kaeser Compresores Argentina S. R. L., Gustavo Ariel D Adamo; y de la empresa Cadexa Services S. A., Esteban Ruiz Coines.
Una de las obras bajo la lupa es el Tren Turístico Eva Perón, donde creen que hubo sobreprecios por pagos al proveedor EDIMAT S. A. por 158.181.100 pesos. "Las obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa y no se terminaron", sostuvo Stornelli. La SIGEN determinó que esa compañía recibió anticipos financieros no contemplados por 13.061.000 pesos.
Para la fiscalía, las "palmarias y gravísimas irregularidades no habrían podido prosperar, extenderse en el tiempo y dar virtualidad a este ilícito sistema de contrataciones, sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad".
En el mismo marco, el lunes, por orden del juez Rodríguez, la Policía Federal arrestó al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, mientras que el martes fue apresado el ex titular de la Unión Industrial Juan Carlos Lascurain. Se investiga una defraudación en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en el período en el que era interventor.
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